Pontevedra está a punto de situarse fuera del reglamento europeo que obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a contar con un transporte público urbano. Los plazos que estipula esta reglamentación obligarían al Concello pontevedrés a tener ya avanzado el proyecto de transporte municipal que pretenda poner en práctica, si bien su implantación y su contratación podrían retrasarse hasta finales de 2019.
En esta situación solamente están los concellos gallegos de Ferrol y Pontevedra, únicas urbes de más de 50.000 habitantes que todavía no cuentan con este servicio de movilidad para sus ciudadanos. Ferrol, en cambio, ya anunció que pretende publicar su proyecto en breve en el Diario Oficial de la Unión Europea. Este trámite es, precisamente, el requisito que exige la UE. El actual reglamento comunitario impone a los Concellos que un año antes del plazo máximo para la entrada en funcionamiento del transporte se publique el proyecto y la fórmula de licitación del mismo. Para cumplir, la publicación debería producirse entre julio y octubre de 2018, con tiempo para adjudicar el concurso y activar el servicio antes de 2020. No se prevén sanciones para los incumplidores, a menos que existan denuncias concretas.
El Gobierno local pontevedrés viene sosteniendo que la única línea de autobús a Monte Porreiro es 'de facto' un transporte urbano público, pero por el número de kilómetros y el de usuarios no encajaría en los parámetros que marca la Unión Europea.
La Xunta ha instado en las últimas semanas al Concello para que diseñe su propio modelo de autobús urbano, de modo que tenga encaje en el proyecto de transporte metropolitano que la Consellería de Infraestructuras quiere implantar en una docena de municipios de la comarca. Todos ellos, a excepción de Pontevedra, están de acuerdo en la propuesta de partida que maneja la Xunta. Pontevedra pide más reuniones técnicas y argumenta que no se contemplan las especificidades de Pontevedra. La titular autonómica de Transportes, Ethel Vázquez, llegó a sugerirle al alcalde Fernández Lores la posibilidad de utilizar a los técnicos de la Xunta para estudiar el modelo de bus urbano local.
No obstante, tanto el regidor pontevedrés como el concejal del área, Demetrio Gómez, vienen insistiendo que no tienen prisa a la hora de implantar nuevos modelos de transporte y llegaron a sugerir que no será hasta después de las elecciones municipales de 2019 cuando esta situación se desbloquee.
Esta posición le ha valido al Gobierno las críticas de los grupos de oposición. Marea de Pontevedra se adelantó a presentar un proyecto propio de autobús municipal, con un coste que cifró por debajo de los cinco millones de euros. Tanto el PP como el PSOE, y también Ciudadanos, le han pedido al alcalde que no bloquee la puesta en marcha del transporte metropolitano y que resuelva el modelo de movilidad urbano.
El transporte público municipal completaría el modelo de ciudad del BNG en Pontevedra, con menos coches particulares y más facilidades para las personas y el transporte público. Pero, al menos por ahora, el gobierno de Lores no parece tener prisa ni para su propio proyecto de transporte público urbano ni tampoco para el modelo metropolitano. El segundo le costaría cerca de 300.000 euros anuales. El servicio municipal, no menos de cuatro millones de euros.
