"Los vecinos tienen que conocer en qué se gasta el dinero, cómo se gasta y de qué forma se gasta. Es por ello nuestra obligación y nuestro deber hacerlo", afirmó este viernes el portavoz del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez. Junto al edil Juan Manuel Muñoz, anunció la creación de una comisión de vigilancia y control de los contratos del Concello.
Se trata de una infraestructura "muy potente, con diversas personas coordinadas para la vigilancia y control de contratos públicos", ya que, critica, en los últimos años, el Ayuntamiento ha utilizado de forma "absolutamente indiscriminada" una fórmula jurídica "que debería de ser muy restringida: la utilización de contratos negociados sin publicidad".
Este tipo de acuerdos "disminuye de forma drástica la transparencia en las contrataciones que realiza esta institución municipal". Así, se mostró "sorprendido" por la "reiteración de las empresas adjudicatarias" en los concursos públicos. "Al menos es llamativo", dejó caer.
Domínguez explicó que él mismo preside y coordina dicha comisión. La organización estará sustentada en tres departamentos: uno económico liderado por el propio Muñoz y coordinado también por el concejal Gerardo Pérez; un área técnica a cargo del edil "e ingeniero" Pablo Fernández; y una sección jurídica, "sin duda la más potente de todas y la que más personas necesita", coordinada por Pepa Pardo. Esta concejala "estará apoyada por abogados, uno de ellos especializado en Derecho Administrativo y otro en Ley Orgánica de Protección de Datos", detalló.
En relación a los contratos sobre los que se trabaja, Domínguez apuntó que se trata de aquellos de "suficiente entidad y envergadura como para que las cuentas del Concello se vean afectadas". Además, se incluyen aquellos firmados en los últimos cuatro años fiscales. En este momento, el PP está estudiando "en profundidad" cinco contratos: el de basuras, "ante una cuarta prórroga y con la licitación de los pliegos en breve"; el de agua, "la forma jurídica del mismo"; el de composteros individuales, "realizado bajo la fórmula de subvención en especie"; y el del campo de fútbol de Ponte Sampaio, "ya que la empresa adjudicataria quebró, dejando a varias empresas con enormes deudas".
No quiso especificar cual es el quinto contrato, porque "no queremos interferir en su correcto desenlace, aunque e de cierta entidad", pero sí dijo que le llamó "poderosamente la atención" la evolución y las propuestas económicas del mismo. De momento, apostilló, "no hemos encontrado ningún ilícito penal que justifique ir a Fiscalía".
VIDA PRIVADA
Preguntado por los periodistas, afirmó que "para nosotros es un tema terminado" el de la polémica con la foto del alcalde cabeceando en la tribuna del Parlamento que subió a sus redes sociales y que "todavía" no ha retirado.
Quiso justificarse diciendo que "nunca he hablado de ningún familiar de ningún político ni de su vida privada" y que, días después, cuando falleció la madre de Lores, "fui al tanatorio" y ambos tuvieron "una conversación muy cordial".
