Así lo señalaron en una reunión que Rueda, Gago, la alcaldesa de Marín, María Ramallo; la concejala y diputada pontevedresa Pepa Pardo y el portavoz del PP de Poio, Ángel Moldes, mantuvieron a primera hora de la mañana con representantes de los trabajadores de Ence y en una rueda de prensa ofrecida posteriormente.
Los populares piden "la supresión o modificación sustancial" del citado artículo de esta ley que actualmente se tramita en el Congreso, apelando a la "inseguridad jurídica" que supone para las empresas afectadas, pues "limita" a 75 años, teniendo en cuenta las prórrogas, la duración de las concesiones en la zona de dominio público marítimo-terrestre que establece la Ley de Costas. Según Gago, los apartados 3 y 4 del artículo 18 "recogen una discrecionalidad en la renovación o no de las instalaciones situadas en dominio público".
Tal y como señaló, el PP lleva meses trabajando, posicionándose públicamente y negociando con el Ministerio, puesto que está "en juego" el futuro de "más de 5.000 instalaciones" en Galicia. "Estamos avanzando en el proceso de análisis y debate, pero se agota el tiempo. Quedan escasas semanas para que esta Ley", si se aprueba tal y como está redactada, "tenga unas consecuencias terribles", reiteró el diputado.
"LA ÚNICA GRAN EMPRESA". En la misma línea y refiriéndose a Ence, Pepa Pardo señaló que este cambio legislativo "pone en riesgo de manera directa a una empresa que constituye un pilar fundamental en la economía del eje Pontevedra-Poio-Marín" y que su cierre "sería el mayor retroceso en la historia del Puerto" y repercutiría en la economía de 5.000 familias del sector maderero en Galicia, lo que supondría "ahondar más en la grave situación social y económica" actual. "La ciudad de Pontevedra se quedaría sin la única gran empresa que nos queda a día de hoy", aseguró Pardo.
También el portavoz del PP en Poio, Ángel Moldes, señaló que "non queremos que se volva repetir a historia que pasou con Elnosa" y añadió que, si con el cierre de Ence "traen a pobreza a esta comarca, hai dous partidos que van ser os únicos responsables: o BNG y o PSOE", dijo. "Se queremos fixar poboación no rural, non podemos pechar empresas que dan traballo a milleiros de persoas".
La alcaldesa de Marín apuntó que con la Ley de Cambio Climático "se está transmitiendo al sector una inseguridad jurídica total que se traducirá en una falta de inversión".
Con todo, los populares se mostraron pesimistas, "porque los dos partidos de Gobierno, PSOE y Podemos, están trabajando para conseguir apoyos para mantener el articulado de la Ley tal y como está redactado". Aún así, se comprometieron a "seguir presionando" ante el Ministerio de Transición Ecológica.
Tal y como explicó Diego Gago, el proyecto de ley encara en las próximas semanas el debate en comisión y, además del PP, también Ciudadanos, PNV, VOX y el BNG piden la eliminación del artículo 18.
