La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha celebrado este martes un juicio contra el administrador de una promotora que supuestamente se apropió de los 30.000 euros que un matrimonio pagó como provisión de fondos para la construcción de una vivienda en Marín. La obra no se terminó, pero el procesado tan sólo le devolvió 1.483,75 euros de los 30.000 aportados. El procesado, Borja G.M., ha negado la acusación.
Los hechos tuvieron lugar en agosto de 2016 cuando el matrimonio resolvió el contrato de arrendamiento de obra subscrito con una empresa que administraba el acusado, que ya tenía antecedentes penales por insolvencia punible y defraudación tributaria, aunque no son computables para los efectos de reincidencia.
Días después firmaron un nuevo contrato con otra entidad, que también administrada el acusado, para continuar con la ejecución de las obras. El promotor entregó a la pareja un documento que simulaba un aval bancario del Banco Pastor para responder de la devolución de la provisión de fondos de 30.000 euros entregada por la pareja.
El acusado ha reconocido ante el tribunal que firmó dos contratos con esa pareja en los que se detalla que existía una aportación inicial de 30.000 euros, pero ha negado que recibiese el dinero y también que hubiese emitido un aval bancario como garantía.
Durante el juicio las dos supuestas víctimas explicaron que, al acudir al banco, les indicaron que el aval no había sido emitido por su entidad, advirtiéndoles que "a simple vista" se veía que no era un aval válido y que la asesoría jurídica concluyó que el documento "era falso".
Tras averiguar lo ocurrido, intentaron citarse con el acusado y se intercambiaron correos electrónicos y Whatsapp, pero "nunca se presentó" y ni devolvió la provisión de fondos ni terminó la obra. Solo llegó a hacer obras en el muro de cierre de la vivienda y en una piscina por valor de 3.536,28 euros.
La fiscala del caso le atribuye un delito de falsificación de documento mercantil cometido por particular en concurso con un delito de apropiación indebida y pide que sea condenado a cuatro años de prisión y una multa de nueve meses con una cuota diaria de 12 euros.
