EN TEORÍA las elecciones al Parlamento Europeo, a las que la ciudadanía percibe cómo lejanas a su realidad cotidiana y tal vez por ello es tan bajo el índice de participación, deberían interesar y mucho a todos los ciudadanos porque lo que allí se apruebe incidirá directa e inexorablemente en nuestro futuro.
Uno de los grandes inconvenientes para corregir ese desinterés que parece existir de cara a las próximas elecciones del día 26, es el escaso conocimiento de lo que allí se legisla y los efectos que lo acordado en las distintas instituciones europeas tiene en la vida cotidiana de los ciudadanos de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Tampoco es que los políticos se hayan esforzado mucho por explicar a los ciudadanos las funciones y repercusiones de lo que en dichas instituciones se lleva a cabo y lo que cada partido lleva en su programa para plantear en ellas.
Esa falta de interés por parte de la ciudadanía en exigir información y compromisos concretos a los políticos a los efectos de su trabajo en la U E, hace que muchas de los acuerdos que allí se toman se conviertan en normativa que perjudique los intereses de la mayoría en favor de los beneficios de unos pocos; normalmente, esos pocos constituyen lobbies que destinan presupuestos superiores incluso a los de la propia UE para que sus cabilderos obtengan pronunciamientos que favorezcan sus intereses.
De los efectos que el trabajo en las Comisiones y en el Parlamento Europeo tienen para todos los países de la U E, sirvan de ejemplo un un par de casos que afectan a dos ámbitos distintos. Uno fue la autorización del Glifosato en los productos agrarios durante 5 años más, cuando ese producto
fabricado por la multinacional Monsanto, produce efectos cancerígenos en los consumidores de alimentos que fueron tratados con él, o en quienes han manejado el producto. Bayer se desplomaba la semana pasada en bolsa al ser condenada Monsanto a pagar una indemnización de 2.000.000.000
de $ a una pareja estadounidense que padece cáncer producido por el polémico herbicida Roundup que contiene glifosato. Ya en marzo Bayer-Monsanto fue condenada a pagar 80.000.000 de $ a un californiano por daños y perjuicios, ya que padecía un linfoma de Hodgkin que achacaba al Roundup, y otros 71.000.000 de $ a una víctima que usó dicho producto en sus tierras durante años, sin saber qué le pasaría; una vez más, el jurado consideró que Monsanto debería haber avisado de los posibles peligros de su producto estrella. Sin embargo, el fabricante sigue defendiendo que el Roundup no es nocivo por el uso del pesticida, pese a que se acumulan cientos de denuncias de afectados de cáncer relacionados con el glifosato. Pero la UE no encontró peligros que impidieran prolongar su uso.
Otro ejemplo de cómo nos afectan las decisiones que se toman en las instituciones de la UE es el Reglamento del PEPP, (Plan Europeo de Pensiones Privadas), aprobado el 4 de abril y que reconoce como objetivo la creación de un mercado europeo de pensiones que, en palabras de Victoria Portas de la Coordinadora de MODEPEN, (movimiento de defensa de las pensiones públicas de la S. Social), “nos debería poner en pie de guerra” a todos los trabajadores y pensionistas de Europa, porque “ese Reglamento es un acto legislativo vinculante y de aplicación integra e instantánea desde el momento de su aplicación” y ese proyecto implica que nuestros ahorros se invertirán en productos de altísimo riesgo que nosotros asumiremos y que la UE no tiene intención de complementar nuestras pensiones, ni que los ahorros lleguen a nuestra jubilación “sino que a mayor riesgo, la banca y aseguradoras puedan percibir mayores beneficios”.
