Nunca es tarde para denunciar delitos sufridos en la intimidad familiar y en la más tierna infancia. La Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra así lo entendió, condenando a un vecino de una aldea de Silleda a una pena de quince años de prisión por un delito de agresión sexual cometido sobre un menor muy vulnerable y prevaliéndose de la relación de parentesco entre ellos (era su padrastro). El dictamen es el desenlace de la denuncia interpuesta por la víctima ante los Mossos d'Esquadra 20 años después de que se desencadenasen los hechos, una secuencia de agresiones sexuales que se extendió desde que el niño tenía cuatro años hasta que logró abandonar su particular casa de los horrores, cuando había cumplido los trece.
La sentencia explica que el condenado convivía en el mismo domicilio con su hija, con su mujer y con el hijo menor de ésta, "al que reconoció y dio sus apellidos". "Desde que el niño cumplió los cuatro años y hasta los trece, cuando abandonó la casa familiar para ingresar en un hogar de acogida, el procesado empezó a someter a la víctima a una serie de prácticas sexuales a las que el menor no podía negarse debido a su corta edad y al temor que sentía respecto a su padrastro, que le sometió a malos tratos de carácter físico".
Durante el juicio, celebrado a lo largo del pasado mes de octubre en el Pazo de Xustiza pontevedrés, quedó suficientemente acreditado que el acusado realizó diferentes agresiones sexuales al menor en distintos momentos y lugares a lo largo de varios años de convivencia en la misma residencia.
La víctima, que ahora reside en Barcelona con unos familiares, sufre desde entonces diversos trastornos de ansiedad. El dictamen judicial incluye una indemnización de 60.000 euros por todas estas secuelas.
"Me obligaba a hacerlo en el monte, en la cuadra, en el desván, junto al río..., en muchos sitios", añadió.
Al mismo tiempo, el denunciante subrayó que su hermana (la hija del ahora condenado) también fue víctima de las malas artes de su padrastro, pero que se negó a manifestarlo ante las autoridades cuando él se lo ofreció.
La sentencia incluye una orden de alejamiento de 20 años más, además de la prohibición de comunicación del penado con la víctima durante ese tiempo.
Otra de las claves para el presente dictamen fue la valoración de los forenses durante el período de instrucción, "un testimonio sin fisuras" pese al tiempo transcurrido tras el delito
