El juez Pablo Llarena, magistrado de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ha rechazado el último recurso presentado por la representación legal de Rafael Bugallo Piñeiro, O Mulo, uno de los narcotraficantes gallegos más activos del siglo XXI y que fue condenado a 14 años de prisión por la misma sala hace apenas unos meses. Llarena desestimó el incidente extraordinario de nulidad de las actuaciones presentado por el capo de Cambados, que entendía que existía una conexión de antijuricidad en relación con pruebas obtenidas de la sonorización de uno de los vehículos empleados por el narcotraficante. Tales pruebas ya no fueron empleadas por el fiscal Antidroga, Pablo Varela, en el juicio celebrado en Pontevedra. El letrado de O Mulo también ponía en tela de juicio la valoración acerca de la navegabilidad de la embarcación en la que se iba a recoger en altamar el alijo (1.500 kilos de droga). Este periódico se encargó de desvelar un vídeo en el que se comprueba que el yate pertrechado por la organización estaba en perfectas condiciones y tenía capacidad para salir al mar a por la mercancía. Su argumentación fue igualmente desestimada.
Rafael Bugallo resultó condenado en primera instancia en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra junto al resto de su organización en un fallo que fue modificado tras el recurso del Ministerio Público, elevando las penas al entender, precisamente, que los investigados actuaron en el seno de un grupo criminal.
O Mulo era el líder de un colectivo que pretendía introducir en Galicia los 1.500 kilos de cocaína de la organización colombiana del clan de Los Urabeños (actualmente conocidos como clan del Golfo), la organización sudamericana más poderosa en la actualidad de cuantas se dedican al narcotráfico. Para ello, contó con la colaboración de varias personas de su total confianza. Por una parte, se reunió con los emisarios del cártel para cerrar los detalles. Por otra, construyó una embarcación de más de 20 metros de eslora, un navío que disfrazó con aparejos de cartón piedra para que aparentase ser un pesquero, pintado incluso de blanco y azul.
Los agentes de la unidad Greco Galicia supieron desde el primer momento el lugar exacto en el que se estaba preparando la lancha, que realmente era un yate con una bodega descomunal para albergar cómodamente los fardos. Estaba en Cabana de Bergantiños, en plena Costa da Morte, en un astillero con salida directa al mar.
En el momento de ser detenido, ya con la droga incautada en altamar (venía en un barco llamado Coral I que se hallaba en muy malas condiciones), O Mulo se escondió en un zulo que tenía habilitado en su mansión de Cambados. Por toda la casa, además, había ocultado importantes cantidades de dinero, así como accesorios para disfrazarse y poder eludir controles policiales.
A la espera de la ejecución de la sentencia
EL CHILENO, NÚMERO DE DOS DE LA ORGANIZACIÓN SIGUE EN O SALNÉS PESE A SU CONDENA FIRME
Las últimas noticias que han llegado a este periódico apuntan a que Jaime Iván Bolados, alias El Chileno, considerado por el fiscal y por la Policía Nacional el número 2 de la organización criminal liderada por O Mulo, se halla en libertad, a la espera de la ejecución de una sentencia en la que fue condenado a más de nueve años de prisión tras la revisión del Tribunal Supremo.
Fuentes judiciales confirmaron este miércoles que está pendiente la resolución de un recurso de aclaración interpuesto por su representación legal, lo que hace que el dictamen aún no sea firme. En cualquier caso, y pese a la sorpresa de que esté en libertad, todo apunta a que ese fleco se resuelva en los próximos días y la Sección Segunda ejecute la sentencia.
Por otra parte, Rafael Bugallo, O Mulo, que continúa en prisión desde 2015 cumpliendo, primero de forma preventiva y ahora ya con su correspondiente sentencia, los 14 años que le fueron impuestos por el asunto del Coral I, sigue a la espera de un nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo por otra de sus cuentas aún pendientes con la Justicia. En aquel caso, la Audiencia de Pontevedra le impuso una pena de ocho años y medio de cárcel, un dictamen recurrido no solo por el capo de Cambados, sino también por el fiscal, que espera que el Supremo aumente su estancia en prisión.
