El Ministerio Fiscal ha decidido rebajar las peticiones de prisión para los trece acusados de delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, según los casos, que se sometieron a juicio en las últimas semanas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra.
El plenario, que este lunes quedó visto para sentencia tras las conclusiones de las partes, resolvía la participación de los investigados en un intercambio de sustancias estupefacientes que en principio parecía cocaína pero que, tras el pertinente análisis, acabó siendo en su mayor parte cafeína, si bien pareció quedar acreditado que los procesados conformaban una asociación para delinquir y que, al menos en algunos casos, intentaron llevar adelante una gran importación de droga procedente de Sudamérica.
La investigación, iniciada por la Udyco de la Policía Nacional de A Coruña y el Edoa de la Guardia Civil de Pontevedra, partió de los seguimientos y vigilancias efectuadas en torno a la figura del italiano Giuseppe O., un individuo con antecedentes por tráfico de sustancias estupefacientes que se afincó en Poio para, supuestamente, intermediar en la importación de una gran partida de cocaína con el apoyo de algunos históricos del negocio en las Rías Baixas, tales como el también procesado Manuel Silva.
Sin embargo, con el transcurso de las pesquisas, tal importación de drogas no se produjo. Lo que sí se materializó fue el acuerdo con un grupo de ciudadanos colombianos residentes en Madrid que, en teoría, se dedicaban al narcotráfico, si bien después se constató que una de sus actividades primordiales era el engaño a narcotraficantes dándoles gato por liebre, pactando ventas de cocaína que en realidad eran paquetes con cafeína, azúcar o sacarosa.
Unos y otros fueron detenidos cuando se iba a efectuar una transacción en la provincia de A Coruña.
En el juicio, muchos de los investigados se negaron a prestar declaración, y los que lo hicieron fue para indicar que se dedicaban a la estafa, no al narcotráfico.
Las nuevas penas propuestas por el Ministerio Público oscilan entre los tres y los cuatro años y medio de prisión. Además, el fiscal retiró la acusación para uno de los gallegos al entender que no dispone de suficiente prueba.
