La renta social del Concello se desbloquea después de dos años de trámites. La Corporación aprobará el viernes de forma definitiva la ordenanza que regulará el cobro de estas ayudas por parte de personas sin recursos en Pontevedra. La paga, que podría llegar a 75 familias, será incompatible con otras prestaciones, como la Risga, que gestiona la Xunta.
La ayuda máxima por vecino será de 537 euros y su duración será de un año. El Gobierno local tiene reservados en sus Presupuestos una partida de 400.000 euros para hacer frente a esta iniciativa, impulsada por el grupo Marea desde 2016.
El visto bueno a esta subvención, que tiene como objetivo paliar la situación de pobreza, será uno de los asuntos que se debatirán en el Pleno del próximo viernes, el penúltimo del mandato. La Xunta de Voceiros aprobó este martes que la última sesión plenaria se celebre el 1 de abril, haciéndola coincidir con la elección de los candidatos a las mesas electorales de las generales del día 28. El 30 de ese mismo mes se sorteará quiénes deberán velar por los comicios en la siguiente cita de la ciudadanía con las urnas: las municipales y europeas del 26 de mayo.
"Pechamos o mandato", aseguró este martes el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, consciente de que los plenos que quedan tendrán un importante componente electoral.
FIN DEL MANDATO. El regidor nacionalista se enfrenta el viernes a una de las votaciones más sensibles: la que reclama la suspensión del plan de compostaje comunitario y la ruptura del contrato de alquiler de los terrenos de A Canicouva en los que se prevé construir la planta de reciclaje de restos de comida. La moción del PP, que llevará otras dos iniciativas al debate político del Teatro Principal, ha sido rechazada en la comisión previa gracias a la abstención del resto de partidos de la oposición (PSOE, Marea y Ciudadanos).
La segunda de las propuestas que llevarán los populares afecta a otra Administración, concretamente al Concello de Vigo. El equipo de Rafa Domínguez solicitará a Lores que rompa el pacto entre el BNG y el PSOE en la Deputación al considerar que la sentencia judicial sobre el enchufe en el Ayuntamiento olívico de la cuñada de la presidenta provincial y teniente de alcalde viguesa, Carmela Silva, es un caso de "corrupción".
El objeto de esta moción fue discutida por el PSOE local. Su portavoz, Tino Fernández, solicitó un informe sobre la legalidad de la misma al entender que se vulnera el derecho a la intimidad de terceras personas. Finalmente, el asunto se incluirá en el orden del día. "Non temos inconveniente en discutilo. Outra cousa é o que vaiamos dicir no Pleno", aseguró el alcalde.
