Tendrá tatuada la violencia de género en su vida para siempre, pero la ley no permite que figure como víctima y, además de no ofrecerle amparo, la deja a la intemperie en un vacío legal en el que está obligada, entre otras cosas, a pagar las deudas contraídas por el asesino de sus hijas, incluida una hipoteca, algo que le impide hacer algo tan normal y necesario como tener bienes a su nombre.
Es el caso de Rocío Viéitez, la madre de las dos menores asesinadas por su progenitor y exmarido de ella en julio de 2015 en Moraña, pero también el de otras muchas madres que viven en el agujero negro del dolor y la marginación en el que les deja la ausencia de marco jurídico para sus historias.
Rocío, que aunque en otras ocasiones se ha postulado en público, en especial en defensa de la prisión permanente revisable, dio este miércoles por primera vez el paso de contar su situación actual para señalar esta condición que comparte con otras mujeres a las que ha conocido y cuya existencia después de la pérdida se queda marcada: "Sen fillos, sen futuro, anos despois recibindo aínda paus legais, algunhas sen poder traballar porque non erguen cabeza, aditas/os aos antidepresivos para vivir a supervivencia".
Viéitez lo explica todo en un post de su perfil de Facebook, ampliamente compartido y difundido este miércoles por sus amistades y que en pocas horas tuvo repercusión en varios medios. Aclara, ante todo, que se puede compartir esta situación que expone, aunque sin mencionar a las víctimas, "elas son sagradas e intocábeis".
"Elas morreron e merecen ser lembradas, pero mirade tamén o que queda"
También explica que nunca ha tomado la palabra en esta fecha del 25-N "porque non o sentín así e porque por lei non son vítima de violencia de xénero. As/os nais/pais de nenos/nenas asasinados non temos nin nome que nos defina, somos orfos e orfas de fillos/as. E lembramos a eses pequechos en vida para manternos respirando".
Pero al margen de la gestión del duelo, la realidad le ha deparado, tanto a ella como a otras personas en su caso, quehaceres y perjuicios bien distintos que no hay forma de esquivar aún siendo víctimas de una situación tan cruel. Tal y como explica, "elas morreron e merecen ser lembradas, pero mirade tamén o que queda. Ao longo de cinco anos coñecín a nais rotas, fortes, pero danadas de por vida. E non remata coa perda brutal, execrábel dos nosos úteros. Segue despois. Costas de xuízos que pagas ti, débedas de mal nacidos que che esixen a ti, e saber que dentro duns anos pedirán permisos de fin de semana", explica.
Así, cinco años después, Rocío cuenta con una sentencia de 300.000 euros de responsabilidad civil que considera que no se ejecutará "na vida", porque el asesino "só tiña débedas".
Además, para llegar a ese punto, ha tenido que pasar por un proceso judicial que ha generado "25.000 euros de costas de avogado que tiven que pagar traducindo", es decir, trabajando en su oficio. Al margen de esa situación, ella ha tenido que hacer frente a la hipoteca por la casa en la que residía el asesino. "Unha hipoteca de 130.000 euros por unha casa onde el as matou e que eu debo abonar como parte solvente aínda que non sexa dona dela, pero a lei hipotecaria é deus neste mundo. Unha sentenza arquivada sen resolver tres anos despois porque son parte executante pero por esa hipoteca tamén son parte executada. Non ter nada ao meu nome porque nada podo ter", recalca.
La madre pide que se conozca esta historia y todas las que oculta el drama de la violencia sobre los hijos para que la ley cambie y la protección sea efectiva también para estas víctimas que hasta el momento siguen "silenciadas".
