Un día después de la enésima ruptura de negociaciones, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se reafirmó este martes en que no consentirá que el fin del conflicto en la Justicia de Galicia se convierta en "unha poxa", tras recordar que el Ejecutivo autonómico negocia con recursos públicos. Al tiempo, arremetió contra los sindicatos al dar a entender que la propuesta que tendrían que haber votado la semana pasada los trabajadores es la que había planteado la Xunta, y no simplemente la opción de desbloquear la exigencia mínima salarial de 190 euros.
Mientras la huelga alcanza este miércoles los 50 días, el también conselleiro de Xustiza afirmó que "non é moi entendible" que los funcionarios del sector no se pronuncien directamente sobre la propuesta de la Xunta, cuyos representantes mantuvieron inamovible el lunes. Esta oferta se traduce en una subida de 135 euros al mes para forenses, 133 para gestores, 108 para tramitadores y 105 para cuerpos de auxilio.
Por su parte, el comité pasó a reclamar de 190 a 180 euros más al mes, percibiendo el 70% en 2018 y el resto al año siguiente. Además, reclamó una cláusula de revisión anual y un plan de actuación para la recuperación del trabajo perdido, puntos que rechaza Rueda. "Así é imposible chegar a un acordo", comentó el vicepresidente, que subrayó que la Xunta trata de "asegurar que os servizos fundamentais da Xustiza", ya que los ciudadanos, recalcó, "son os grandes damnificados" de este conflicto y "a non todos os sindicatos interésalles chegar a un acordo".
Enfrente, el comité culpó a la Xunta de provocar la continuidad de la huelga y replicó que el lunes presentaron unos 1.000 escritos de compañeros que rechazaban la oferta autonómica. Así se expresó Pablo Valeiras, de Alternativas na Xustiza-CUT, que agregó que los funcionarios no votaron dicha propuesta "por ser claramente insuficiente" y "sobre todo" por "non aceptar a chantaxe da Xunta".
De este modo, acusó al Gobierno gallego de intentar enfrentar a las centrales "cos mileuristas e pensionistas" primero, y entre "os propios trabajadores" y los sindicatos después, ante lo que contrapuso el 80% de seguimiento que mantiene la huelga según datos sindicales —35% según la Xunta—. Por último, Valeiras denunció que los funcionarios han recibido "nóminas de 400 euros" con "descontos de máis de 1.000 euros.
En este escenario, avanzan otra gran manifestación en Santiago el 7 de abril.
