La plataforma Salvemos Cabana ha solicitado el amparo del Valedor do Pobo ante "la falta de transparencia pública en el caso Corcoesto", referente a la mina proyectada en Bergantiños.
La asociación ha pedido al Alto Comisionado que exija a la Xunta de Galicia toda la información pertinente sobre si la cancelación del proyecto minero se ha hecho efectiva y acerca de la anulación o no de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
El pasado 15 de octubre, el Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, anunció públicamente durante el debate del estado de la Autonomía que la Consellería de Economía e Industria cancelaba el proyecto minero en Corcoesto (Cabana de Bergantiños, A Coruña), debido a la falta de garantías "financieras y técnicas" del mismo.
Desde la Oficina do Valedor do Pobo se confirmó pocos días más tarde que tras conocer a través de manifestaciones en sede parlamentaria el rechazo del proyecto por parte de la Administración, no era preciso formalizar las actuaciones derivadas del trabajo de investigación realizado sobre las 628 quejas recibidas con respecto al proyecto minero.
Este departamento señaló que "dado el rechazo global del proyecto, éste tiene como consecuencia que decaigan todos los actos de trámite del mismo, entre ellos la evaluación ambiental".
Aun así, el director xeral de Minas, Ángel Bernardo Tahoces ha sostenido en público en reiteradas ocasiones que la aprobación de la declaración de impacto ambiental tiene validez durante cinco años de acuerdo a la legislación vigente, contraviniendo lo publicado por la Oficina do Valedor do Pobo, según comenta la Plataforma en un comunicado.
Esta entidad asegura que pese a la pretendida "cancelación" del proyecto, hasta ahora no se ha hecho público por escrito tal hecho y que tras la consulta efectuada a la Consellería de Economía e Industria, la respuesta por parte del organismo fue que "en función la ley de Ordenación de la Minería de Galicia, tan solo el otorgamiento de los derechos mineros tiene la obligación de publicarse en el Diario Oficial de Galicia".
Fuentes próximas a la Administración han señalado que "el procedimiento de cancelación tiene que hacerse público por escrito y de manera oficial", de nuevo según la Plataforma.
