La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ha calificado de "adecuada" y "en base a las leyes vigentes" la decisión del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra de desestimar la petición de Audasa para sumar al Ministerio de Fomento como parte demandada en la causa abierta por el cobro íntegro de los peajes durante las obras de ampliación del puente de Rande.
Así, Silva ha instando a la empresa concesionaria de la AP-9 a que "haga frente a lo que se le reclama por parte de los usuarios" si el dictamen del tribunal así lo determinase.
Carmela Silva se ha basado en las "molestias y dificultades que hubo que sufrir durante las obras", entre febrero de 2015 y junio de 2018, argumentando que ella misma llegó a estar "hora y media parada" antes de alcanzar el puente de Rande porque las colas eran "inmensas". "La responsable parece que es Audasa", ha añadido, apoyándose en la legislación que aplican los tribunales.
Audasa había exigido el llamamiento al proceso del Ministerio de Fomento al considerar que se vería "directamente afectada por una eventual sentencia estimatoria de las pretensiones de la Fiscalía", un extremo que ha sido rechazado.
En su auto, el juez instructor subraya que el caso iniciado es "totalmente independiente de las condiciones de la concesión administrativa de la autopista, del sistema legal de fijación de peajes o de las potestades administrativas del Ministerio de Fomento", pues de lo que se trata es "de evaluar la oportunidad de cobrar a los usuarios de la AP-9 la totalidad del peaje legalmente fijado, a pesar de que, debido a unas obras, supuestamente no se les estaban prestando los servicios propios de una autopista".
