Los responsables del crimen organizado cuyo objetivo es el lucro económico mediante la introducción de grandes cantidades de cocaína a través de las Rías Baixas siguen operando como les gusta. A pesar de las "bofetadas de realidad" (palabras del fiscal Antidroga, Pablo Varela) que se han ido sucediendo a lo largo de 2019, el balance de la Junta Provincial de Seguridad que ofreció este jueves la Subdelegación del Gobierno aporta pocas novedades en una lucha en la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado disponen de escasas herramientas. "Sentimos que disparamos con tirachinas contra tanques", declaró Emilio Rodríguez, jefe de la unidad Greco Galicia, punta de lanza de la lucha contra el narcotráfico en la Comisaría. Los 20.000 kilos de cocaína incautados en la Comunidad o en dirección a ella en 2019 parecen no haber sido suficiente, y el delito sigue en un segundo o en un tercer plano para las autoridades. Y así, sin hacer ruido, las mafias del narcotráfico se hacen más fuertes. "Ustedes tienen información más que suficiente sobre este tipo de delitos", dijo la subdelegada, Maica Larriba. "Para mejorar la estadística este año tendrán que ser dos submarinos", ironizó la comisaria, Estíbaliz Palma. "Es verdad que ha habido casos como el del narcosubmarino que han estado en las cabeceras de todos los medios de información, no solo de Galicia, sino a nivel nacional y en el extranjero, que han puesto el foco sobre ese tipo de delito. Todo lo que tiene que ver con el narcotráfico es un tema prioritario en el que no se escatima ningún tipo de recurso. La práctica es que en función del incremento de delitos en un determinado sector, los recursos se incrementan".
Maica Larriba: "Todo lo que tiene que ver con el narcotráfico es un tema prioritario y no se escatima ningún tipo de recurso"
La subdelegada expuso datos procedentes de informes proporcionados por la Guardia Civil y la Policía Nacional, y explicó que "en el territorio de la Guardia Civil se ha producido un aumento (global) de delitos de un siete por ciento, que tiene su razón básica en el aumento de un 105 por ciento de las estafas por Internet y del 80 por ciento de los ciberdelitos. Se mantiene un esclarecimiento muy elevado, por encima del 50 por ciento de los casos".
Larriba explicó que "en la zona de competencia de la Policía Nacional se ha producido un incremento de un dos por ciento, con un aumento de la delincuencia a través de Internet en aproximadamente un 80 por ciento, un dato similar al de la Guardia Civil".
La subdelegada añadió, sobre la criminalidad informática, que "cada vez que se producen delitos se ponen más recursos, pero estos tienen un problema fundamental. Muchos de ellos se cometen fuera del territorio nacional. Pueden proceder de Alemania, Francia, Bulgaria y muchos desde Asia. Con las modificaciones, estos delitos pasan a computar en nuestras estadísticas, pero son situaciones muy difíciles de resolver".
Larriba: "Los delitos a través de Internet tienen un problema fundamental y es que se cometen fuera del territorio nacional, muchos de ellos en Asia"
Estíbaliz Palma, comisaria provincial, añadió sobre los delitos informáticos que "es el capítulo más numeroso". "La eficacia en la resolución de delitos de la Policía Nacional está en torno al 40 por ciento", apuntó Larriba.
En cuanto a la tasa de criminalidad de la provincia, "está en torno a 26 infracciones por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de la media nacional, que se sitúa en 40", indicó la subdelegada.
VIOLENCIA MACHISTA. "La primera parte de la Junta Provincial abordó la situación de violencia de género, con la responsable de la unidad, que se coordina tanto con Policía Nacional como con Guardia Civil. Los datos de los que disponemos en este momento, a fecha de 17 de enero de 2020, dicen que hay 1.095 casos en la provincia, de los cuales tres tienen riesgo extremo, siete riesgo alto, 118 riesgo medio, 437 riesgo bajo y 530 no apreciado". Maica Larriba volvió a poner el acento en esta lacra al tiempo que advirtió de que "muchos de estos casos que figuran como no apreciado lo son porque los agresores están en prisión, y la alteración de su condición, como los permisos de fin de semana, hace que se modifique el dato sobre el riesgo. Los recursos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías locales se activan en ese momento".
