Suspendido un juicio por abusos a un menor hasta esclarecer la edad del acusado

La Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra ha suspendido el juicio contra I.H. por abusos a un menor ante la alegación de su abogada en relación a que era menor de edad en el momento en el que, supuestamente, se produjeron los hechos. Por tanto, deberá esclarecerse la edad del chico para determinar si es un tribunal de menores o la justicia ordinaria la que debe hacerse cargo del asunto.

Sobre este caso, la Fiscalía reclama una pena de cuatro años de prisión para I.H., un hombre de origen marroquí, por un delito de abusos sexuales contra un menor que no alcanzaba los 16 años de edad. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en la tarde del pasado 22 de enero. El acusado estaba en la Ciudad Infantil Príncipe Felipe junto a un menor con trastorno generalizado del desarrollo, TDAH, epilepsia y problemas cognitivos y de aprendizaje.

En circunstancias de las que no se han aportado detalles, "guiado por un ánimo libidinoso", supuestamente le efectuó "tocamientos en sus genitales". Con todo, no hay constancia de que le haya causado ningún daño moral al menor, de modo que no se solicita ninguna cuantía en materia de responsabilidad civil.

Eso sí, el fiscal pide que, una vez alcance la libertad condicional, se sustituya la ejecución de la pena que falte por cumplir por su expulsión del territorio español y la prohibición de regresar a España durante siete años. El acusado permanece en prisión provisional desde que fueron denunciados estos hechos en el juzgado de instrucción número tres de Pontevedra.

DENUNCIAS DE LOS TRABAJADORES. Coincidiendo con las fechas en las que supuestamente tuvieron lugar estos abusos sexuales, miembros del sindicato Comisiones Obreras comparecieron públicamente para denunciar que la Xunta de Galicia llevaba "más de un año derivando menores conflictivos a la Ciudad Infantil Príncipe Felipe", en cuyas instalaciones se encuentran menores con distintos problemas familiares.

Según los representantes sindicales de este centro dependiente de la Diputación de Pontevedra, esta situación derivó en algunos conflictos e incluso agresiones, tanto entre los propios chicos como a los funcionarios.

En concreto, el delegado sindical de CC.OO. en la Diputación, José Ramón Piñeiro, había alertado de que la Xunta hacía "caso omiso" ante la "desprotección" en la que se encontraban algunos niños de nueve años que estaban conviviendo con chicos de cerca de 17 años que estaban bajo control judicial por casos como "agresiones sexuales, abusos sexuales o robo con intimidación".

Esta situación fue corregida después de que el sindicato trasladase la denuncia a la Valedora do Pobo y expusiese los hechos ante el juez de Menores de Pontevedra.