La Xunta cifró ayer en 4,5 millones de euros al año el coste de los nuevos contratos de autobús de Pontevedra y su área. Las seis concesiones en cuestión, que se encuentran en el trámite de exposición pública hasta el próximo 1 de marzo, saldrán a licitación una vez que se supere la fase de alegaciones. Se calcula que en primavera podrán salir a licitación.
¿Y qué se contratará? Las 166 líneas que darán servicio a 22 municipios del Norte y el Sur de la provincia, desde Valga hasta Vigo. A Lama, Ponte Caldelas, Pontevedra, Redondela, Soutomaior, Vilaboa, Poio, Marín, Fornelos de Montes, Pazos de Borbén, Meaño, Meis, O Grove, Sanxenxo, Vilagarcía, Vilanova, A Illa, Catoira, Cambados, Pontecesures y Ribadumia también están incluidos en esta lista.
Las nuevas concesiones tendrán una vigencia de diez años. Aunque algunas caducaban en diciembre, la Consellería de Infraestruturas las ha agrupado en agosto para impulsarlas al mismo tiempo.
Moverse en bus por estas localidades no será igual que antes. De las 166 líneas previstas, 107 serán compartidas con el transporte escolar. De esta forma, calcula la Xunta, se permitirá trasladar a sus respectivos centros educativos a más de 3.000 jóvenes.
La otra alternativa será el transporte a demanda. Tendrá 36 líneas que solo estarán operativas cuando el ciudadano las active. Para hacerlo habrá tres vías: la web (www.bus.gal, una centralita y aplicación móvil que está desarrollando la agencia pública Amtega. El servicio habrá que contratarlo el día antes.
El nuevo mapa de movilidad permitirá, según la Consellería, aumentar el número de viajeros actual, que cifra en 1,4 millones. El aumento medio será del 2% al año, aunque para el municipio de Pontevedra se prevé mayor: del 2,4%.
A la hora de adjudicar los seis contratos, la Xunta tendrá más en cuenta la calidad del servicio que las rebajas económicas. De esta forma se quiere abrir el concurso a empresas de cualquier tamaño, pequeñas o medianas. En los pliegos de contratación también se garantizará la subrogación de los trabajadores que actualmente prestan el servicio. En el bus compartido, el mínimo de conductores será de 125 y los monitores acompañantes serán al menos 70.
PONTEVEDRA. La reorganización del transporte de viajeros de la Xunta afectará a 43 líneas con parada en Pontevedra que están incluidas en cuatro de las seis concesiones que saldrán a licitación. La mayor parte de ellas, 27 en total, se encuentran en un contrato que abarca tres municipios más: los de Poio, Marín y Vilaboa.
En esta relación hay 16 rutas que transcurren íntegramente por la capital provincial y dan servicio a los vecinos de la ciudad y de parroquias como A Canicouva, Alba, Salcedo, Mourente, Marcón, Lérez o Santa María de Xeve. En esta relación también se incluyen las dos conexiones con Monte Porreiro y el nuevo itinerario que se abrirá para dar servicio al colegio Sagrado Corazón de Praceres, en Lourizán.
La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, aseguró ayer que Pontevedra tendrá que pagar su parte del transporte, una cuantía que aseguró que no se puede calcular hasta que se adjudiquen los contratos. Aún así, Vázquez comparó el servicio de bus urbano que presta Pontevedra con el de Lugo, que cuesta unos dos millones de euros al año (subvenciones estatales incluidas). Las cifras, reconoció a continuación, no tendrían por qué ser aplicables a la capital de las Rías Baixas.
Lo que se le cobrará al Concello serán los «itinerarios urbanos», que incluirían también los desplazamientos al rural. ¿Y qué entiende la Consellería por itinerario urbano? «A persoa que se mova de Pontevedra a Pontevedra. Ese é un percorrido urbano», señaló el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, que compareció con Vázquez y el delegado territorial, José Manuel Cores Tourís, en la sede autonómica de Campolongo para presentar el plan de transporte público de Galicia.
El director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, confirmó que si el Gobierno local no paga se le cerrará el grifo de los Fondos de Cooperación Local. «Decidimos dar unha data límite porque estamos a xogar nun terreo que non é o noso», dijo respecto a las dos cartas que él mismo dirigió a Pontevedra para instarle a que pusiese en marcha el bus urbano.
La conselleira de Infraestruturas afirmó que el nuevo sistema de transporte ha supuesto un «esforzo titánico». Aseguró que en Ferrol, que tampoco tiene bus urbano, «está respondendo» para ponerlo en marcha. No así en Pontevedra, a la que acusó en varias ocasiones de no cumplir con su obligación de tener este sistema para dar servicio a los vecinos, tal y como establece la ley a los municipios de más de 50.000 habitantes.
La negociación del nuevo transporte entre ambas administraciones se encuentra atascado. El Concello defiende que la Xunta quiere trasladarle líneas que no son de su competencia y reconoce solamente las que van a Monte Porreiro y las que pasan por Estribela, nudo de O Pino o Médico Ballina, entre otras.
«O obxectivo non é a confrontación», afirmó Vázquez sobre el último encuentro técnico que mantuvieron las dos instituciones. «O fácil é non facer nada. Nós estamos a facer o difícil», aseguró tras recordar que el sistema de transporte a demanda con taxis que propone Pontevedra tiene que ser autorizado por la Xunta y es solo «un complemento» al plan público de transporte.
El concejal de Mobilidade, Demetrio Gómez Junquera, salió ayer al paso de la rueda de prensa convocada por la Xunta en Campolongo. Instó a coordinar el diseño del nuevo sistema en Pontevedra, incluido el que dará servicio a las parroquias sin bus regular.
El uso de estos vehículos de baja capacidad es visto como una alternativa más. Su configuración está pendiente de un estudio que Pontevedra pagará con cargo a fondos europeos. En el mejor de los casos, el plan no estaría listo antes de que caducasen las actuales concesiones que la Xunta prevé adjudicar antes de agosto.
El edil nacionalista invitó a Vázquez a adaptar el transporte al modelo urbano y a las «necesidades do século XXI». También señaló que el Concello pagará las líneas que le correspondan. «Se temos que asumir as nosas competencias, asumirémolas. En calquera caso, os estudos técnicos que ten a exposición pública a Consellería vanlle dando a razón a Pontevedra e van en liña do que nós propoñemos», dijo en referencia a la discrepancia que hay sobre las rutas que la Xunta quiere cobrar y que el Gobierno local dice que no son de su competencia. Entre ellas, algunas que van al rural.
Gómez Junquera insistió en que el objetivo no es duplicar autobuses y tener vehículos vacíos «dando voltas». «Pretendemos negociar con eles, como di o alcalde, até a extenuación. A colaboración será absoluta», subrayó.
En paralelo a esta confrontación, Xunta y Concello mantienen otro conflicto abierto. Se encargó de recordarlo ayer la conselleira de Infraestruturas. Se trata del Plan de Transporte Metropolitano, que se ha diseñado para que los viajeros de doce concellos paguen menos por el billete de autobús y que los menores de 19 años vayan gratis en los trayectos entre distintas localidades.
Su puesta en marcha en el área de Pontevedra no será posible sin un convenio a doce bandas con los municipios implicados. «O plan social de bonificacións, que funciona xa en máis de 60 concellos de Galicia, non se pode implantar pola negativa do Concello de Pontevedra», criticó Vázquez, que aclaró que este plan y la renovación de líneas de bus son proyectos independientes.
