La Xunta de Galicia ha explicado este miércoles que no ve "ningún cambio" en relación a la modificación del reglamento de Costas anunciado por el Gobierno, sino que lo que considera es que la intención del Estado es "justificar decisiones como su reciente allanamiento" en relación a la prórroga de Ence.
Fuentes de la Consellería de Mar informan a Efe de que entienden que, pese a las palabras de tranquilidad enviadas en la mañana de este miércoles por la Delegación del Gobierno, "el riesgo para cerca de 5.000 edificaciones en la costa gallega sigue vigente".
El Gobierno ha asegurado este miércoles al sector de la acuicultura y depuradoras de marisco gallegas que el plazo máximo para estas concesiones se mantiene en los 75 años pese a la modificación que se ha puesto en marcha del Reglamento General de Costas por algunas "incoherencias", ha sostenido en un comunicado.
El Ministerio para la Transición Ecológica pretende introducir ciertas aclaraciones en el nuevo texto reglamentario para eliminar la "incertidumbre" actual, pero en todo caso, añade el Gobierno, la modificación del reglamento respetará escrupulosamente la legislación vigente.
El Reglamento General de Costas de 2014 "no cambia nada"
Según la Xunta, que se precise que no se va a modificar la ley sino que lo que se pretende es reformar el Reglamento General de Costas de 2014 "no cambia nada", pues esa revisión del reglamento es "la que puede dejar en inseguridad jurídica a más de 100 empresas del complejo mar-industria de Galicia".
El Ejecutivo autonómico ha presentado alegaciones porque la redacción del reglamento "genera una importante inseguridad en lo relativo a las concesiones en terrenos de dominio público marítimo-terrestre".
Además, continúa, "deja en el aire el futuro de importantes instalaciones como conserveras, cocederos, depuradoras de moluscos o instalaciones de acuicultura, así como otras edificaciones de interés para la sociedad como colegios o centros de salud".
Mar recuerda al Ministerio para la Transición Ecológica que inició una modificación del reglamento que contraviene lo previsto en la Ley 2/2013 para las concesiones de ocupación de dominio público marítimo-terrestre, así como las concesiones para su otorgamiento, al pretender que el plazo concesional extraordinario establecido en 75 años deberá contabilizarse desde el plazo inicial de la concesión, y no desde el año en el que fue tramitada la renovación de la misma.
La naturaleza de la prórroga excepcional es dar respuesta a la extinción de las concesiones que expiraron en 2018, para hacer coincidir esos 75 años con el nuevo plazo máximo que se podrá otorgar a las concesiones, argumenta la Xunta.
"Todo esto lleva a pensar que con esta modificación la intención del Estado es justificar decisiones como su reciente allanamiento en los procedimientos abiertos en relación a la prórroga de Ence", zanja.
