Ana Vanessa Serén, la víctima del crimen machista cometido el pasado fin de semana, vivió sus últimos dos meses en Oia, adonde se trasladó a casa de una amiga tras cesar su relación con su maltratador, con el que convivió en A Guarda.
Sin embargo, la mujer –nacida en A Coruña– pasó la mayor parte de sus 44 años de vida en Lugo, ciudad donde siguen viviendo sus padres y sus dos hermanos.
Por eso la ciudad amurallada es el epicentro del dolor que desde el sábado invade toda Galicia, conmocionada por el segundo crimen machista del año. El primero fue cometido en Baiona, no fue muy lejos de Oia, el 5 de febrero.
Vanessa, a quien describen como "discreta e moi boa rapaza", trabajó durante años en la hostelería lucense, ramo en el que "era moi querida". Recientemente había encontrado trabajo en el cámping O Muíño, el lugar donde su expareja acabó con su vida.
Tuvo varias relaciones, pero no tenía descendencia.
Al exnovio de Vanessa le retiró el arma la Guardia Civil al denunciarlo ella en abril
Víctor G.D. había sido despojado de la Heckler & Koch que durante años portó en la cintura buena parte del día. En abril tuvo que hacer entrega de su pistola reglamentaria en el cuartel de Baiona, ante sus propios compañeros de trabajo, al ser condenado por violencia machista. La devolución de armas es uno de los protocolos que marca la Guardia Civil en estos casos, a fin de evitar que el agente condenado pueda hacer uso de ellas con fines delictivos. Pero de nada sirvió esta medida preventiva con el agente Víctor, que se afanó en conseguir la escopeta con la que el sábado le arrebató la vida a su ex, la lucense Ana Vanessa Serén, y con la que posteriormente se quitó él la vida.
Se desconoce por el momento dónde y cuándo se hizo con el arma larga utilizada en el crimen, y la Guardia Civil investiga si la adquirió ilícitamente. Una de las hipótesis que está sobre la mesa de los investigadores es que la haya comprado en el mercado negro portugués, del que provienen una parte significativa de las armas de fuego utilizadas por delincuentes ya no solo en Galicia, sino en toda España.
Al hilo de esta sospecha, cabe recordar que el asesino vivía en el municipio fronterizo de A Guarda, de ahí que tenga peso la hipótesis de que cruzase la Raia para hacerse con la escopeta, un hecho que de probarse apuntaría a un asesinato completamente planificado, lejos de un homicidio.
De todos modos, a efectos judiciales poca o nula relevancia tienen las pesquisas, dado que el delito se da por extinguido con el fallecimiento del autor, por lo que no habrá juicio por motivos obvios. Eso no quita que se investigue el crimen, cuya secuencia admitió pocas dudas desde el inicio: Víctor G.D., fuera de servicio y rompiendo la orden de alejamiento sobre su víctima, se personó en el aparcamiento del cámping O Muíño, donde trabajaba Vanessa y ubicado en la parroquia oiense de Mougás, la misma que ya había acaparado portadas sucesísticas hace un lustro por el escándalo de la secta de los Miguelianos. Una vez allí, el guardia civil le descerrajó varios disparos a la que había sido su compañera sentimental –fuentes cercanas al caso apuntaron que no habían llegado a estar casados, aunque sí convivieron juntos un tiempo en casa de él en A Guarda–.
Dejando el cuerpo inerte de Vanessa, de 44 años, tendido en el asfalto, Víctor emprendió una huida que cinco horas más tarde truncaron sus propios compañeros de la Guardia Civil al cercarlo en un monte cercano. Tras minutos titubeando, se apuntó a la cabeza y disparó.
No fue un trance agradable para los agentes intervinientes, del puesto de Baiona –que cubre también Oia–, practicar diligencias en ese escenario, al lado del cadáver de su compañero desfigurado. Entre otras cosas, recogieron en una bolsa la escopeta con la que se provocaron ambas muertes.
El agente, en la nevera
Hasta su fallecimiento este sábado, Víctor G.D. seguía en el cuerpo, aunque no con plenos poderes. Y es que en abril, tras ser condenado por violencia de género en un juicio rápido solo unos días después de que Vanessa lo denunciase por malos tratos, se tomaron una serie de medidas internas contra él. No solo le retiraron el arma, sino que fue desplazado de sus tareas, que en los últimos dos meses se limitaron a trámites administrativos.
Esta es una forma de castigar desde el cuerpo a aquellos agentes que en lugar de prevenir los delitos, como debería de ser su función, los cometen, con el consiguiente daño reputacional para la Guardia Civil.
