LA EXPRIMIDA hucha de las pensiones agranda sus grietas, lo que desata la preocupación social y apura la tormenta de ideas políticas para intentar remediarlo. Una de esas fisuras que crece es la de las jubilaciones anticipadas. En 2017 fueron 133.602 trabajadores en España, casi tantos como los que lo hicieron cumplida la edad, 176.107 —el 43,14% frente al 56,86%—. Esa tendencia hacia la paridad entre ambos colectivos, que es similar en Galicia, se ha acentuado en los últimos tres años.
Estas estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social parecen evidenciar que la medida de ampliar la edad de jubilación progresivamente hasta los 67 años —en 2018 es a los 65 y medio— no le está dando por ahora al Gobierno central los resultados previstos, aunque esta es una reforma con una larga hoja de ruta.
El aumento de las jubilaciones anticipadas juega, a priori, en contra del sistema público de pensiones. El Estado obtiene menos ingresos por cotizaciones sociales y desembolsa más en prestaciones.
El año que viene entran en vigor otros dos factores para calcular las pensiones, que se prevé que causarán un recorte de las cuantías
"Ese incremento supone una amenaza, especialmente si este factor se suma a la situación demográfica, con una población cada vez más envejecida", advierte Jaime López, de la Confederación de Empresarios.
Pero también tiene su lectura positiva. El abogado y profesor titular de la Escuela de Relaciones Laborales de Lugo, Antonio García Rojo precisa que "las cuantías de las pensiones son notablemente inferiores que si se jubilaran a la edad ordinaria", debido a que la Seguridad Social les aplica coeficientes reductores, un 7 o un 8% menos por cada año adelantado.
Si cobran menos, ¿entonces por qué prefieren retirarse antes? Son varias las situaciones personales a tener en cuenta. Los sindicatos, que abogan por crear empleo de calidad para oxigenar la hucha, consideran que este es un síntoma más que evidencia la precariedad laboral. Debido a las mínimas expectativas que tienen de encontrar otro empleo, es una salida para los parados de larga duración, que perciben el subsidio para mayores de 55 años, o para los trabajadores despedidos con más de esa edad.
Además hay profesionales, como mineros, personal de vuelo, bomberos, ferroviarios o marineros, que se pueden retirar antes sin que les apliquen coeficientes reductores, ya que desempeñan actividades peligrosas. A las personas que tienen reconocida una discapacidad del 65% o más tampoco les descuentan.
Las clases pasivas también aportan su granito de arena — unos 22.000 en 2016—. Son funcionarios acogidos a este régimen que gestiona el Ministerio de Hacienda, no la Seguridad Social. Se pueden jubilar voluntariamente a partir de los 60 años, siempre que tengan reconocidos 30 de servicio al Estado.
García Rojo señala que "tampoco está teniendo el efecto esperado" la prolongación de la vida laboral, que contempla un porcentaje adicional del 2 al 4% en el cálculo de su percepción a aquellos que sigan al pie del cañón cumplida la edad para retirarse.
Sindicatos y economistas también apuntan a la "incertidumbre" y "desconfianza" que genera entre los contribuyentes la posibilidad de que el Gobierno introduzca modificaciones que "penalicen más".
Los ciudadanos no ganan para sustos. Ya hay modificaciones previstas a la vuelta de la esquina, que supondrán recortes y que pueden tener un efecto llamada para que haya más solicitudes de anticipo.
A partir de 2019 entrará en vigor el denominado factor de sostenibilidad, que introduce dos nuevas variables para calcular la pensión. Se añaden a las ya existentes, como la edad de jubilación, los años cotizados a la Seguridad Social o la cuantía pagada a esta. Así, se tendrá en cuenta la esperanza de vida del trabajador que se retira. Se prevé que esta medida correctora, que se revisará cada cinco años, provocará que se cobre menos al mes.
La otra novedad es que la revalorización de las pensiones también se vinculará a la salud, en este caso no a la de los beneficiarios, sino a la de las arcas públicas. Solo subirán si aumentan los ingresos del sistema. Este factor se movería entre un mínimo del 0,25% —como en el último lustro— y un máximo del IPC más el 0,5%.
García Rojo advierte de que las sucesivas reformas legislativas, incentivadas desde Europa, tienden a "penalizar y restringir cada vez más el acceso a las jubilaciones anticipadas".
¿CÁLCULO DE LA PENSIÓN? El requisito inicial para poder cobrar por jubilación es que el trabajador tiene que haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social, entonces le corresponde una pensión contributiva del 50% de su base reguladora. Para percibir el 100%, precisa 35 años y medio.
Lo que cobra un jubilado se calcula multiplicando la base de cotización, que equivaldría a su sueldo bruto, por 252 —es el número de meses de los últimos 21 años trabajados con alta en la Seguridad Social— y dividido por 294, a razón de 14 pagas por cada uno de esos 21 años.
En 2019 cambiarán el multiplicador y el divisor de esta operación, pues se tendrán en cuenta los últimos 22 años cotizados. Así hasta que a partir de 2022 se contabilicen los últimos 25.
Hay varias modalidades de jubilación anticipada. Las más comunes son la involuntaria y la voluntaria. En la primera, el trabajador, que ha pasado por el mal trago del despido, puede acogerse con cuatro años de antelación a la edad establecida para retirarse —en 2018 es a partir de 61 años y medio— y debe tener 33 cotizados. La voluntaria puede solicitarla dos años antes, tras 35 de alta.
Hay voces que defienden una modalidad de jubilación parcial, sobre todo si está vinculada a un contrato de relevo. Consideran que puede ser un tránsito de la vida activa al retiro que tendría unos costes económicos inferiores para el sistema público y que podría favorecer la creación de empleo.
PREJUBILACIONES. Otra de las prácticas que desaloja a trabajadores del mercado laboral antes de la edad es la de las prejubilaciones, a la que suelen recurrir las grandes empresas. Esta modalidad, como en el caso de las clases pasivas, no aparece recogida en las estadísticas de la Seguridad Social porque los afectados pasan a engrosar las listas del paro hasta que cumplan los años para retirarse.
No son las prejubilaciones doradas de antes de estallar la crisis —hay beneficiarios que siguen percibiendo más de 2.500 euros al mes—. La reforma de las pensiones endureció sus condiciones. Pero alguna propuesta puesta encima de la mesa en los últimos meses por entidades financieras que están aligerando sus plantillas, como Banco Santander o Bankia, las contempla a partir de 55 años y con el 80% del sueldo.
Los sindicatos sostienen que las grandes empresas aprovechan las prejubilaciones para abaratar costes porque las indemnizaciones por despido serían más cuantiosas que las compensaciones por esas bajas voluntarias.
La Confederación de Empresarios la ve como una alternativa "menos traumática" que el despido y como "una herramienta adecuada" para reestructurar plantillas, "incorporando empleados jóvenes y más preparados buscando así ganar en competitividad".
