Los efectos reales de la crisis energética desatada durante la pandemia y que el conflicto de Ucrania ha acabado multiplicando están todavía por medir. Pero lo que ya es una evidencia es la asfixia de algunos sectores claves de la economía provincial por la deriva inflacionista abierta en los últimos meses. Y también la contracción del consumo en las familias, que comienza a notarse en el mercado con índices preocupantes.
Los 628 barcos de la flota de bajura gallega se plantean la opción de parar. De este subsector pesquero viven directamente más de 3.000 familias. Dicen que, si salen a faenar con el combustible a los precios actuales, trabajarían perdiendo dinero.
Los 19.000 empleos asociados al sector conservero también tiritan al no encontrar alternativas a las 330.000 toneladas de aceite de girasol que cada año se importaban desde Ucrania. Las empresas afirman que solo tienen reservas para dos meses.
La planta viguesa de Stellantis, con sus 7.000 empleados, acumula 70 paradas en el último año y medio por falta de microchips. Este viernes anunció la última. Y más de un centenar de proveedores supeditan su trabajo a la actividad de esta planta viguesa (en algunos casos hasta un 80% de la producción depende directamente del grupo automovilístico francés).
El sector agrario, del que viven en Galicia 65.000 personas, comienza a tener problemas de rentabilidad por el encarecimiento del combustible y de los fertilizantes. Y la guerra de Ucrania ha dejado a la ganadería española sin cereales, el principal componente de todos los piensos animales. Solo en Galicia más de 35.000 familias dependen de algún tipo de ganado.
La falta de maíz atenaza también al sector alimentario, en especial a las panaderías y pastelerías, pero también a las plantas de procesado animal.
Toda esta tensión generada en las últimas dos semanas con la guerra en Ucrania ha provocado que los empresarios de la provincia, algunos ramos de actividad altamente dependientes del consumo de combustibles, así como las organizaciones de consumidores pidan abiertamente "medidas fiscales urgentes" para evitar parones en la actividad que podrían resultar letales para el empleo y también para el consumo.
La intención es detener artificialmente la escalada de precios, algo que algunas fuentes sitúan ya como la "única vía" para evitar la temida estanflación, fenómeno económico en el que coinciden al mismo tiempo una tensión inflacionista prolongada con la destrucción de empleo y el decrecimiento económico.
La ministra de Transición Ecológica habló esta semana de limitar el precio de la luz, un recibo al que desde finales del 2021 ya se le corrigió el Iva varias veces para frenar su encarecimiento. Pero a la oposición le parece insuficiente. En el último pleno del Senado, el PP exigió bajadas selectivas de impuestos y una deflación del IRPF para no empobrecer más a las familias. La senadora pontevedresa Elena Muñoz reclamó también "medidas que mejoren la eficacia del gasto público, así como incentivos fiscales para reactivar a los sectores productivos más amenazados".
Con el IPC gallego de febrero marcando el peor dato de los últimos cuarenta años (8%), el precio del combustible situado en el segundo listón más alto de su historia, el recibo de la luz batiendo marcas jamás vistas hasta ahora, o las subidas de los alimentos anotando cifras desconocidas al menos en los últimos trece años, el Gobierno comienza, en efecto, a plantearse medidas de emergencia para alejar el fantasma de la estanflación.
El problema, a juicio de los empresarios, es que si las excepciones fiscales y las ayudas no se ejecutan rápido o resultan insuficientes, podría no haber tiempo de salvar tejido productivo que ahora mismo vive amenazado.
