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Otero: "Hay que bajar el Iva a los sectores más perjudicados por la crisis y diferir impuestos"

Pilar Otero Moar, presidenta del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia. EP
Pilar Otero Moar, presidenta del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia. EP
Gran conocedor de las secuelas que la pandemia deja en las empresas, el Consejo General de Gestores Administrativos de España ha trazado 25 propuestas para superar la crisis. Pilar Otero, que es vicepresidenta segunda de este órgano y presidenta del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Galicia, alerta de que son necesarias "medidas excepcionales".

Desde el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España demandan nuevas medidas dada la duración de la crisis. ¿Cuáles son las más apremiantes?  

La pandemia se está prolongando más de lo que podíamos pensar y las pymes están pasando serias dificultades. Dentro del Consejo General se han creado tres grupos de trabajo para elaborar estas propuestas. Entendemos que son todas muy necesarias, porque se trata de medidas excepcionales para la situación que atravesamos. Planteamos acciones en el campo financiero-fiscal, en el laboral y en relación a las deficiencias en la digitalización de la administración y su mal funcionamiento. No hay que olvidar que las pymes son un motor importante de la economía.

Apuntan a la necesidad de favorecer las reestructuraciones de deuda y de revisar el funcionamiento de las líneas Ico. ¿Perciben que los problemas de liquidez se están convirtiendo en problemas de solvencia por el aumento del endeudamiento?

Por supuesto que sí. En esta situación excepcional, las empresas han visto reducida su capacidad de funcionamiento, la demanda ha caído y una de las consecuencias es esa. Lo que queremos es evitar en lo posible que un número elevado de pymes caigan en la quiebra. Es necesario favorecer las líneas de avales. Las medidas adoptadas al inicio del estado de alarma son insuficientes. Hay que hacer un análisis de las dificultades que tienen y van a seguir teniendo las empresas para poder financiarse.  

También piden incentivos fiscales.

Entendemos que no es momento de aumentar impuestos y que habría que reducir, por ejemplo, el tipo del Iva a los sectores más perjudicados: el hotelero, el hostelero o el transporte. No pedimos una bajada generalizada de tipos, pues somos conscientes de que el Estado tiene que recaudar. También sostenemos que no deben encarecerse los tributos que gravan la electricidad y los combustibles. Asimismo, llamamos a facilitar un diferimiento de los impuestos y las cargas sociales a las pymes que lo requieran. No se trata de diferir a dos o tres meses, sino que, dado que 2021 va a ser muy duro económicamente, pedimos que se puedan diferir sin intereses. Y ya no hablamos del tipo que cobra la administración por demora en los pagos. Ese 3,75% que se está aplicando no tiene justificación, teniendo en cuenta que los tipos de interés en el sector financiero están en cero e incluso en negativo. Estas medidas son muy necesarias. Hay que tener en cuenta que, aparte de recaudar, se debe mejorar la competitividad de las empresas y favorecer la inversión y la creación de empleo.  Si no, no saldremos adelante.  

Hay que evitar que un número elevado de pymes caigan en la quiebra; las medidas del inicio del estado de alarma no bastan"

Entre las demandas también figura reformar los mecanismos de insolvencia. ¿Vislumbran un aumento de los concursos de acreedores?

Es evidente que con la economía tan paralizada como está y que sigue dependiendo de las medidas sanitarias que se toman, la situación económica está muy perjudicada. Lo que ahora están siendo dificultades de liquidez en un futuro más próximo que lejano darán lugar a quiebras. Es lo que pretendemos tratar de evitar y que se mejoren esos mecanismos para despejar el horizonte económico.  

Hay acuerdo para prorrogar los Erte del covid y el cese de actividad de los autónomos hasta finales de mayo. ¿Habría que ir más allá?

Ojalá no tengamos que esperar al 31 de enero para verlo reflejado en el Boletín Oficial del Estado. Hasta entonces no sabemos por dónde van a ir las medidas. En todo caso, lo anunciado es lo mínimo imprescindible. En el ámbito de los Erte sería necesario trazar un horizonte amplio para que no tuviésemos que estar siempre con la espada de Damocles. No tenemos la seguridad jurídica necesaria. Es necesario crear una comisión de análisis de la normativa de los Erte para redactar leyes consistentes para casos excepcionales y no excepcionales. Que tengamos el marco jurídico y que solo haya que establecer las ayudas pertinentes con un trámite sencillo. Esa comisión debería proponer las interpretaciones de las normas que se han venido aprobando y que van a generar múltiples acciones en los tribunales. Y es que no hay una unidad de criterio y, en cada demarcación territorial, la interpretación es distinta.  

La garantía de empleo por seis meses tras los Erte ya ha sido tumbada por algún tribunal...

Efectivamente. La norma debe ser clara para no dar lugar a múltiples interpretaciones. Se debe evitar la inseguridad jurídica para que no haya la avalancha que se espera en los juzgados. Eso no es bueno para la economía, pues mientras una empresa no tiene la sentencia no puede actuar en consecuencia. 

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