El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado este martes un paso importante para que España recupere la normalidad institucional al proponer tras varios meses de retraso a sus dos magistrados para el Tribunal Constitucional (TC). Sorteado ese bloqueo, queda el más grave: el que afecta desde hace más de cuatro años al propio CGPJ.
Los vocales del Poder Judicial han designado a sus candidatos con seis meses de retraso —tres meses y medio incumpliendo la ley que les daba como fecha tope el 13 de septiembre— y tras una crisis en la que el TC ha frenado por primera vez una ley durante su tramitación parlamentaria.
El CGPJ consigue nombrar a sus dos candidatos
Tras meses de negociaciones enconadas entre los bloques progresista y conservador, finalmente el órgano de gobierno de los jueces ha logrado designar por unanimidad a César Tolosa y María Luisa Segoviano nuevos magistrados del TC, gracias a que los vocales progresistas han sumado sus votos a los de sus compañeros para desatascar la renovación.
"No es un consenso, es una cesión", dicen de manera tajante a Efe desde el sector progresista, quienes defienden que han cedido sus votos en aras a que la renovación del TC sea posible después de meses de un bloqueo del que responsabilizan a sus compañeros conservadores, y seguros de que éstos iban a seguir sin aceptar a su candidato, el magistrado José Manuel Bandrés.
Es más, justo antes de la votación, los progresistas han manifestado expresamente que renunciaban a Bandrés por "sentido institucional", pese a que subrayan que nunca ha habido vetos entre ambos sectores del CGPJ, que siempre ha elegido cada uno a un candidato de cada sensibilidad y se ha votado por consenso.
Esta vez los conservadores dejaron claro que no iban a apoyar a Bandrés por ver en él un perfil próximo al Gobierno y optaron por presentar a su candidato, César Tolosa, y a otro de sensibilidad progresista. A la segunda, con María Luisa Segoviano, pionera por ser la primera magistrada en presidir una Sala del Tribunal Supremo, ha ido la vencida tras el gesto de los progresistas. Un gesto que ha pillado por sorpresa a muchos, según reconocen vocales conservadores, que subrayan la trayectoria y capacidad de los candidatos.
Calma tras la tempestad
El acuerdo del CGPJ llega después del que el Constitucional decidiera interrumpir de forma cautelarísima y con una amplia división —seis votos a cinco— la ley con la que el PSOE y Unidas Podemos pretendían saltarse el bloqueo.
Lo hicieron mediante dos enmiendas a la reforma del Código Penal que el PP recurrió por ver vulnerados los derechos de sus diputados (por reformar leyes orgánicas como la del Poder Judicial y la del TC en otra que no tiene nada que ver) y el Constitucional aceptó paralizarlo.
Tanto el Gobierno como el PP han subrayado que lo ocurrido este martes es una buena noticia, pero el PSOE cree que, aún así, es necesario emprender de nuevo la reforma frustrada para proteger a las instituciones del "deterioro" que les provocan los bloqueos a los que las somete el PP cuando no gobierna.
El CGPJ sigue bloqueado
Los vocales que han desbloqueado la renovación del TC llevan 4 años y 23 días en funciones. Su mandato de cinco años caducó el 4 de diciembre de 2018 y, tras varios intentos de acuerdo, alguno de ellos prácticamente cerrado, ahora nadie apuesta por que se renueve antes de las próximas elecciones generales.
Queda lejos el primer acuerdo con Manuel Marchena como presidente del Supremo y del CGPJ que se rompió por la filtración del ya famoso whatsapp del portavoz del PP del Senado, Ignacio Cosidó, en el que hablaba de seguir controlando la Sala de lo Penal del Supremo "por detrás".
Desde entonces han sido varias las aproximaciones, todas rotas por el PP en el último momento con diferentes argumentos, el último la iniciativa legal del PSOE y Unidas Podemos para reformar el delito de sedición.
Los partidos del Gobierno se atrevieron incluso a plantear una reforma para suprimir la mayoría de tres quintos necesaria para esa renovación y con ello sortear el bloqueo del PP. Entonces, Bruselas dio un toque de atención que hizo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenara retirar la iniciativa. Ahora, la Comisión Europea insiste en la urgencia de renovar el CGPJ y, una vez completado ese proceso, cambiar el modelo de elección de los vocales.
Una de las consecuencias del bloqueo es que el CGPJ no puede designar cargos judiciales mientras esté en funciones, lo que ha generado ya la acumulación de un total de 71 nombramientos discrecionales pendientes en distintos tribunales del país, 18 de ellos en el Tribunal Supremo. Y la vacante de Tolosa no hará sino agravar ese problema.
