El Gobierno dio este viernes por buena la "rectificación" que, a su juicio, hizo la Junta de Castilla y León al negar la existencia de un nuevo protocolo para las mujeres que quieren abortar, polémica que el presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco ve producto de una "mentira" y una "manipulación".
En un comunicado, el Ejecutivo explicó que, a pesar de que la Junta aseguró la mañana del pasado jueves que inadmitía su requerimiento, le remitió por la tarde un escrito para aclarar que no se había producido "acto tácito alguno" en relación a las medidas anunciadas por Vox.
La Junta añadía que tampoco se había transmitido ninguna instrucción a los profesionales sanitarios "ni por escrito ni verbalmente".
Con esta respuesta, el Gobierno de Pedro Sánchez consideró que ha habido un "acatamiento formal" y una "rectificación oficial" de la intención inicialmente manifestada por el Gobierno de Castilla y León según lo anunciado por su vicepresidente, Juan García Gallardo, de Vox, en rueda de prensa el pasado 12 de enero y reiterado en días posteriores.
No obstante, añadió el Ejecutivo, también el pasado jueves, el portavoz del gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, expresó ante los medios que las nuevas medidas de atención a las embarazadas seguían adelante.
Por ello, el Gobierno reiteró su preocupación por estos anuncios que, de nuevo, apuntaban "a una voluntad de vulnerar la legislación vigente en materia de interrupción voluntaria del embarazo, circunstancia que en modo alguno el Gobierno de España va a tolerar ni consentir". "A estos efectos, el Gobierno se reserva la posibilidad de emprender cuantas acciones legales resulten oportunas", alertaba.
Sobre este mismo asunto, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se mostró convencido de que el Gobierno consiguió "frenar" las intenciones de la Junta aunque advirtió igualmente de que "como dicen de palabra una cosa y otra por escrito" el Gobierno seguirá vigilante. "Había un pacto oculto entre la derecha y la ultraderecha que Vox está exigiendo que se cumpla", avisó.
Niega la mayor Alfonso Fernández Mañueco, que considera que el comunicado del Gobierno "renunciando a ir al Tribunal Constitucional" contra su comunidad por el tratamiento a las mujeres que desean abortar "es la constatación de la mentira, la manipulación y la sobreactuación" del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
En declaraciones en Fitur, donde coincidió con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, Mañueco recordó que quien fija la posición de su Gobierno es el presidente, no el vicepresidente, Juan García Gallardo, de Vox.
"Usted me ve a mí la cara. Soy el presidente de la Junta de Castilla y León, usted escuchó al portavoz del Gobierno, representa la voz del Gobierno de Castilla y León, no hay más que decir, no hay debate, lo que hay es una mentira, una manipulación, una sobreactuación, un engaño de Sánchez", proclamó.
Para Mañueco, "quienes son responsables de la ley del solo sí es sí, que ha puesto a más de 200 agresores sexuales en la calle no pueden dar lecciones a nadie y menos al Gobierno de Castilla y León, de luchar por las mujeres, de defender a las mujeres".
Solo un 15% de los abortos fueron en centros públicos
La nueva ley del aborto, que será aprobada en las próximas semanas, blinda la sanidad pública como centro de referencia a la hora de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo, pero en la actualidad solo tres comunidades (Cantabria, Baleares y Cataluña) realizan más abortos en centros públicos que en privados. De hecho, el último informe publicado por Sanidad al respecto indicaba que solo el 15,6% de los abortos se realizaron en centro públicos en el año 2021.
Extremadura —además de Ceuta y Melilla— no ha realizado ninguno de los 1.284 abortos que reportaron en 2021 en un centro sanitario público, mientras que en la Comunidad de Madrid únicamente se han practicado 2 de las 15.188 intervenciones en la pública (el 0,01%); y en Murcia solo 1 de los 3.267 (el 0,03%) se practicó en la pública.
Por debajo del 0% están también Andalucía (0,05%) con 10 abortos en la pública de un total de 17.487; Castilla La Mancha el 0,06% , con 2 de 3.203; y Aragón con 5 de 1.917 (un 0,26%).
Galicia supera la media
Navarra y Galicia, con el 30,9% y el 22% respectivamente, se encontrarían en mejor posición que la media, pero todavía con datos muy alejados de lo que contempla la nueva ley.
