La Fiscalía pide 20 años de cárcel para el exedil del PP en el Ayuntamiento de Palma, por una presunta agresión sexual a dos presos que durante permisos penitenciarios participaban en actividades de la ONG en la que trabajaba el expolítico, que ya fue condenado en 2010 por abusos a menores.
El fiscal lo acusa de un delito continuado de agresiones sexuales y otro de agresión sexual con la circunstancia agravante de reincidencia y, además de la pena de prisión, pide que se le prohíba acercarse a menos de 500 metros de las víctimas o comunicarse con ellas durante unos años, según el escrito de conclusiones provisionales, adelantado por eldiario.es y al que ha tenido acceso Efe.
Los hechos ocurrieron en 2017, cuando el que fue concejal de urbanismo en el consistorio de Palma entre 2003 y 2007 trabajaba en Madrid en la Fundación Padre Garralda-Horizontes abiertos como coordinador del programa de reinserción social de presos, según relata la Fiscalía.
Como tal, tenía que avalar a los internos que carecían de arraigo familiar ante Instituciones Penitenciarias, alojándolos en las viviendas que esta fundación tenía en el barrio de Vallecas y darles un lugar donde residir durante los permisos penitenciarios o cuando se les concedía la libertad.
Según el ministerio público, el acusado se prevalió de esa condición y amenazó a un recluso que se encontraba de permisos penitenciarios en 2017 con "retirarle el aval por parte de la fundación" —imprescindible para disfrutar de ellos—, y le obligó "en siete ocasiones (...) a mantener relaciones sexuales con él".
El hombre fue condenado en 2010 por abusos a menores
Eran, recalca la Fiscalía, relaciones "no consentidas" y se desarrollaban "siempre" en el despacho del procesado, quien en otra ocasión aprovechó que la casa estaba vacía y le volvió a obligar a "mantener relaciones sexuales". Él, subraya el escrito, accedió "ante el temor de que pudiera retirarle el aval".
A la segunda víctima, prosigue la Fiscalía, no dejó de hacerle "insinuaciones de carácter sexual" durante sus estancias en la vivienda ese mismo año, y le prometió que "si accedía a las mismas, le ayudaría con su hijo y con sus problemas de extranjería".
En febrero de 2017 y, de nuevo, "prevaliéndose de su condición de coordinador del programa", invitó al recluso a pasar la noche a su casa de Alcobendas. Él acudió "coaccionado, por miedo a que le retiraran los permisos", y el procesado comenzó a darle besos "pretendiendo tener relaciones sexuales con él, invitándole a dormir en su cama", pero la víctima lo rechazó.
Aquella noche, "el procesado se introdujo en su cama, realizándole tocamientos", sin que se haya podido acreditar, dice el fiscal, que hubiese penetración.
Aparte de estos episodios por los que volverá a sentarse en el banquillo, el procesado ahora fue condenado en 2010 a cinco años de prisión por varios delitos de abusos sexuales a menores y un delito contra la salud pública.
En septiembre de 2009 fue condenado a dos años de cárcel y cuatro de inhabilitación por haber pagado con una tarjeta del Ayuntamiento de Palma gastos en varios clubes de alterne de Palma y Madrid por valor de 51.377 euros.
