LA VICEPRESIDENTA segunda nos recibe inmersa en los presupuestos y cuando 1,5 millones de personas están recibiendo este mes el primer sueldo con la subida de 15 euros en el salario mínimo.
¿Le parece suficiente?
Lo que ha hecho el Gobierno es muy relevante, porque no solo no estamos bajando los salarios, como hizo en la anterior crisis el PP, sino que los estamos subiendo un 1,7 por ciento, es decir, por encima de lo pactado en la negociación colectiva ordinaria. En diciembre volveremos a subir el salario mínimo y vamos a terminar el mandato cumpliendo con el objetivo de que alcance el 60 por ciento del salario medio. Hablar de salario mínimo es hablar de jóvenes y de las profesiones más precarizadas.
¿Cree que habrá empresas que cerrarán por la subida que se ha aprobado?
No, ninguna. Hay 16 millones y medio de trabajadores asalariados en nuestro país que están sujetos a convenio colectivo y solo un millón y medio que no, es decir, que estamos hablando de quien más lo necesita, de jóvenes, de mujeres: en definitiva, de precariedad. Los agoreros que hoy se oponen a subir el salario mínimo nunca lo han cobrado, no saben de qué están hablando o no quieren saberlo.
Los sindicatos piden llegar a los 1.000 euros en enero. ¿El salario mínimo llegará a esa cifra?
No puedo anticipar la negociación, pero lo cierto es que el informe de los expertos establece en su senda media [un salario mínimo de] en torno a los mil euros para 2022. La vocación del Ministerio de Trabajo es salir de esta crisis mejorando las rentas salariales, y la subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros ya ha servido para cosas muy importantes: se ha reducido la brecha de género en dos puntos y se ha beneficiado a los deciles más bajos a nivel salarial, que son sobre todo los jóvenes y las mujeres.
Una sociedad moderna tiene que reducir la edad de trabajo, no retrasar la de jubilación
¿Por qué una parte del Gobierno, incluida la vicepresidenta Nadia Calviño, se oponía a la subida de este año?
Es conocido que hay varias almas en este Gobierno, pero yo represento a Unidas Podemos, y la primera medida que tomé en cuanto llegué al ministerio fue subir el salario mínimo a 950 euros. Todos los países europeos, excepto dos, han subido el salario mínimo en enero de este año, y tenían una crisis igual que nosotros. Y yo llevo defendiendo desde diciembre del año pasado que justamente cuando hay crisis es cuando más lo necesita la gente.
La inflación es del 4 por ciento y la subida del salario mínimo, del 1,7 por ciento. ¿Cómo puede permitir un Gobierno progresista que estos trabajadores pierdan poder adquisitivo?
Debemos hacer pedagogía: no vinculemos el salario mínimo al IPC...
Las pensiones, por ejemplo, lo están.
Pero no es lo mismo. Yo el año pasado subí 50 euros el salario mínimo, muchísimo más que el IPC, y lo voy a subir siguiendo la senda de los expertos, muchísimo más que el IPC. Sé que hay un problema de pérdida de poder adquisitivo, claro que sí, pero el Gobierno, con los sindicatos, ha subido el salario mínimo más de lo que están subiendo los sueldos en la negociación ordinaria, que están creciendo un 1,5 por ciento.
¿Es seguro que el nuevo aumento del salario mínimo se producirá en enero de 2022?
Creo que todo lo que digo se cumple, se tardará más o menos, pero se cumple. Esa teoría del goteo, de que concentrando la riqueza en los de arriba va goteando hacia los de abajo, es una falacia. Sé que hay gente en el Gobierno que piensa eso, pero desde luego los hechos empíricos demuestran lo contrario.
La teoría de que concentrando la riqueza en los de arriba va goteando hacia los de abajo es una falacia
¿Son mayoría quienes piensan así en el Gobierno?
Hay distintas interpretaciones en la ciencia económica, pero es evidente que la Comisión Europea ha tomado una salida diferente a la crisis porque la gestión de la crisis anterior fue un error. En la reforma que se está negociando,
¿Unidas Podemos aceptaría alargar la edad real de jubilación de los boomers o una pequeña bajada en su pensión para sostener el sistema?
Soy clara: no. Y el Gobierno no está trabajando en eso. Trabajar hasta los 67 años en los sectores productivos que definen a la economía española es hacerlo en condiciones muy duras.
¿Usted se ve con 75 años trabajando?
No, yo no. Una sociedad moderna tiene que reducir la edad de trabajo, no retrasar la edad de jubilación, y permitir que existan recambios sociales. Tenemos un mercado de trabajo en España y en Europa profundamente masculinizado y envejecido, la economía española necesita savia nueva y, además, yo quiero una sociedad en la que la gente pueda vivir.
¿En qué punto se encuentra la negociación para derogar la reforma laboral?
Está muy avanzada. Lo que más nos ocupa ahora mismo es cómo abordamos la reducción de la temporalidad. Es lo más delicado, pero [la nueva ley] tiene que estar publicada antes del 31 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado, y va a estar.
No estamos bajando los salarios como hizo en la anterior crisis el PP, sino que los estamos subiendo un 1,7 por ciento
La patronal se ha mostrado reacia a sus propuestas para reducir la temporalidad.
Todos, la patronal, los sindicatos y nosotros, coincidimos en el diagnóstico, y el diagnóstico es que tenemos a la mitad de la población asalariada en situación de precariedad y que tenemos unos datos de temporalidad que son insoportables. Tenemos una economía que sostiene parte de los beneficios sobre la precariedad y cuando actúas sobre lo concreto, ha llegado la hora de la verdad. Es verdad que es complejo, porque una parte de la economía productiva de España está basada en factores estacionales, y eso es muy difícil de abordar. Pero es que, desde el año 2012, en el Sepe han entrado 165 millones de contratos, y no hay un país en el mundo que gestione eso. Esto no se produce por una maldición divina, sino por un marco normativo que lo permite y unas prácticas empresariales que lo permiten.
No, estoy trabajando en algo mucho más difícil: levantar un proyecto de país para la próxima década, que modernice de una vez por todas España y que cuente con muchas manos y con muchas voces, con distintas sensibilidades. Que sea de la gente, que lo construya la sociedad, no yo.
En un proyecto que busca una sociedad nueva y que culminará finalmente en una perspectiva electoral o no, pero en la que yo no estoy pensando. Hay mucha gente que se quiere presentar a las elecciones y lo tiene clarísimo, yo no. Lo que yo voy a hacer es abrir una conversación con la sociedad española a través de un proceso que no va a ser mío, va a ser lo que la gente quiera que sea. Creo que hay un país nuevo que está emergiendo, que son los nuevos profesionales y que quieren una sociedad moderna. Y la precariedad, los bajos salarios, el que no tengamos democracia económica, el que tengamos grandísimas eléctricas que tienen beneficios groseros mientras la gente lo está pasando mal... son el pasado.
Tiene que estar la sociedad, la protagonista es ella. Y luego hay partidos, a los que yo respeto muchísimo, que tendrán que estar si quieren, pero que no pueden ser los protagonistas. Los partidos son herramientas, nada más.
[Este espacio] va a ser lo que ese proceso diga que sea. Los partidos que ya existen son importantísimos, y tendrán que decidir dónde quieren estar y cómo quieren estar. Pero la centralidad de los proyectos sociales no son los partidos, que son puros instrumentos, son una vía, un mecanismo, pero no son fines en sí mismos. Estoy un poco preocupada porque últimamente estamos reforzando el carácter identitario de los partidos, y no es uno, son todos los partidos. Cuando alguien dice "priorizo mi plataforma electoral frente a lo que la ciudadanía está diciendo", estamos ante una regresión.
En 2012, en Galicia, yo militaba en IU y prescindí de las siglas [para conformar la coalición Age con Anova]. Las siglas, los nombres, los partidos... todo eso es importantísimo, pero no pueden ser un obstáculo para avanzar.
Hay muchos partidos que... No creo que sean obstáculos, yo estoy a favor de la existencia de los partidos, pero creo que esto no va de partidos. Va de una conversación, de escribir un nuevo contrato social con la ciudadanía española. Los partidos deben de estar en ese proceso, pero no pueden ser los protagonistas. Lo he hecho en Galicia, el primer elemento de mistura [mezcla] sale de allí. Aquello que yo denominé "la Syriza galega" tuvo lugar en 2012, y no me llamé IU, me llamé Alternativa Galega de Esquerdas (Age).
Sí, si es que esto no va de Unidas Podemos, va de un montón de partidos que no pueden ser fines en sí mismos. Podemos entiende muy bien esto, y Unidas Podemos también, pero hay muchas otras galaxias alrededor que están haciendo de los partidos un fin en sí mismo. Y lo llevo diciendo mucho tiempo: los partidos no pueden ser fines en sí mismos, son herramientas para cambiar la sociedad.
