Castilla y León, Galicia y Asturias han reclamado este lunes que se aborde de forma urgente una reforma del modelo de financiación autonómica en un marco multilateral y han mostrado su oposición a modelos planteados para generalizar el concierto vasco o para privilegiar a las comunidades más ricas como Cataluña.
Para estas tres, hay que garantizar suficientes recursos a las 17 comunidades autónomas con independencia de su riqueza con el fin de que los 48 millones de españoles tengan acceso a las mismas prestaciones y con la misma calidad.
Esta apuesta ha sido reflejada este lunes en una declaración institucional que han suscrito el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, junto a su homólogo en Castilla y León, el también popular Juan Vicente Herrera, y el presidente asturiano, el socialista Javier Fernández, en Oviedo.
Los tres han celebrado el "Primer encuentro de los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León", centrado en la reforma de la financiación autonómica, el envejecimiento de su población y los incendios forestales, problemas comunes a las tres comunidades.
En un momento en el que se pone en cuestión la validez de la Constitución de 1978 y se afronta el reto independentista de Cataluña, los tres presidentes han puesto de relieve el valor del diálogo frente a la confrontación y han advertido de que no admitirán cambios que impidan garantizar los mismos servicios y con la misma calidad en todas las comunidades al margen de la riqueza que generen.
Los tres se han pronunciado también en contra de la propuesta que en materia de financiación ha lanzado el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, porque, en su opinión, se corresponde con una financiación de naciones y no de autonomías que haría más ricas a la que ya tienen más y más pobres a las autonomías que menos tienen.
Tanto Fernández como Herrera han asegurado que no se van a entristecer si el independentismo no obtiene mayoría el 21 de diciembre, como apunta la última encuesta del CIS, mientras que Núñez Feijóo ha afirmado que ésta refleja una tendencia en una comunidad autónoma en la que "será determinante la mayoría silenciada de ciudadanos".
"Me gustaría que fuese correcto lo que dice el CIS", ha añadido ante de reconocer que el tema de Cataluña sí que va a interferir en la reforma de la financiación porque va a ser difícil conseguir un sistema que valga para todos cuando la comunidad que aporta el 20 por ciento PIB no acude a las reuniones y cuando es una incógnita lo que va a pasar en el futuro.
Asimismo, ha asegurado que no entendería que los principales partidos se pusiesen de acuerdo para esa reforma en contra del criterio de los presidentes autonómicos, cuestión que ha sido respaldada por el presidente castellanoleonés y Javier Fernández, para quien "las comunidades no pueden quedar al margen y dejar todo a una negociación entre partidos".
En la declaración institucional que han rubricado exigen garantías de que no habrá privilegios económicos de unos territorios sobre otros, que el modelo sea resultado de un consenso multilateral, que cuente con mayores recursos y que potencie el principio de suficiencia mediante un sistema de nivelación total.
Los tres presidentes han defendido que la evaluación de las necesidades reales se haga de forma específica en relación a los gastos vinculados a la educación, la sanidad y los servicios sociales, y que se potencie el Fondo de Compensación Interterritorial.
De hecho han recordado que el 40 por ciento del gasto de sus comunidades autónomas se lo lleva la sanidad y que dar atención a una población envejecida es mucho más caro porque las necesidades no son iguales para un joven que para alguien que tiene 85 años.
En cuanto a la lucha contra los incendios, han decidido revisar los protocolos de cooperación vigentes para potenciar la colaboración con el establecimiento de un mapa común que permita en tiempo real saber los recursos que puede movilizar cada comunidad autónoma, entre otros puntos.
Esta primera cumbre interautonómica sirvió para recordar a las cuatro víctimas mortales de la oleada de incendios en Galicia, para reconocer la labor de los equipos de extinción y plantear la necesidad de denunciar y de actuar contra quienes provocan más del 90 por ciento de los fuegos forestales.
