Una demanda presentada ante el Tribunal Constitucional alemán por un grupo minoritario euroescéptico dejó este viernes en suspenso la ratificación del fondo europeo de recuperación post-pandemia, un paquete de 750.000 millones de euros que incluye la emisión de deuda común.
El TC alemán respondió a la demanda por vía de urgencia formulada este viernes, de acuerdo al procedimiento habitual y detuvo el último trámite que se precisaba: la firma del presidente del país, Frank-Walter Steinmeier, sobre la ley previamente aprobada tanto por la cámara baja (Bundestag) como por la alta (Bundesrat), este mismo viernes.
En lugar de la esperada luz verde al proceso de ratificación, el TC deberá evaluar ahora el contenido de la demanda. Se trata éste de un procedimiento no extraño en Alemania, donde durante la crisis del euro se presentaron sucesivas demandas contra los paquetes de rescate europeos, por partes o en su totalidad, lo que obstaculizó -pero no llegó a detener- su puesta en marcha.
Es también lo habitual que el presidente responda al requerimiento del TC suspendiendo la firma de la ley afectada, hasta que se emita una decisión sobre sus contenidos y argumentos de los demandantes.
La decisión de este viernes se dirige contra el paquete presupuestario plurinacional de la Unión Europea (UE), para el periodo comprendido entre 2021 y 2027, y que incluye los 750 mil millones de euros destinados al fondo de recuperación post-pandemia.
Dicho paquete financiero apuntala un programa de reconstrucción, el más ambicioso de la historia de la UE, tanto por su volumen como por incorporar la emisión de deuda conjunta. Los fondos contemplados consisten no solo en préstamos, sino también en ayudas financieras no reembolsable.
Con ello, la UE contrae deudas conjuntamente, algo a lo que durante años Alemania rechazó y a lo que siguen oponiéndose los grupos euroescépticos.
La consecución del acuerdo final se logró tras una compleja y maratoniana negociación durante la presidencia de turno alemana comunitaria, la última bajo el liderazgo de la canciller Angela Merkel, que quedó bajo la sacudida de la pandemia y sus estragos no solo sanitarios, sino también económicos.
La aprobación final, tuvo que superar sucesivas fases y fuertes tensiones entre los estados miembros. Finalmente se logró un consenso calificado de histórico, para lo que debieron superarse muchos obstáculos. Merkel, junto con el presidente francés, Emmanuel Macron, sentaron las bases, de acuerdo a la tradicional búsqueda de compromisos entre el motor franco-alemán.
Alemania se apartó así definitivamente del dogma de la austeridad y de lo que fue un tabú durante la crisis del euro -la emisión de deuda compartida-. La consecución del paquete se consideró un éxito, atribuido en buena parte a los dotes de Merkel para lograr compromisos.
La demanda por el procedimiento de urgencia fue impulsada por un grupo de economistas, cuya cabeza más visible es el político Bernd Lucke, exlíder de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AFD). Lucke fundó esa formación en 2013, entonces como partido eminentemente euroescéptico.
Lo abandonó un año después, al dar el partido un giro claramente xenófobo, discurso que se acentuó en 2015 con la crisis migratoria y la llegada a Alemania de casi un millón de refugiados.
Lücke abandonó la AfD, pero ha seguido impulsado sucesivas formaciones, todas ellas minoritarias.
Desde estos grupos, como otras organizaciones afines, se impulsaron en el pasado otras demandas parecidas contra paquetes de rescate europeo.
La propia AfD, primera fuerza de la oposición en el Bundestag desde que accedió a esa cámara, en 2017, ha anunciado asimismo que presentará recursos contra la entrada en vigor del paquete post-pandemia.
La demanda de Lucke, suscrita por un colectivo denominado "Alianza de la Voluntad Cívica", está avalada por unas 2.200 firmas, según informaciones de la televisión pública ARD.
Se argumenta que el paquete vulnera la "obligatoriedad de la UE de presentar presupuestos equilibrados", califica el volumen de la deuda de "desorbitante" y la convierte, además, en compartida por todos los estados miembros.
Según dicho canal de televisión, no hay un plazo establecido para que el TC emita su veredicto final. Ello complica, aunque sea formalmente, el inicio de los pagos por parte de la Comisión Europea (CE). Estos no pueden empezar hasta que no se haya completado el proceso de ratificación por parte de los 27 estados miembros.
El ministro de Finanzas y vicecanciller, Olaf Scholz, se mostró sin embargo confiado en que se resolverá ese procedimiento con celeridad y que la ratificación no quedará bloqueada.
