Elnosa sigue topando traspiés en su camino hacia su continuidad en la ría, aunque a estas alturas de la película todavía resulte difícil discernir qué ocurrirá con la clorera. Según ha informado la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar a este periódico, el expediente de caducidad del que depende ahora mismo el futuro de la planta podría resolverse en octubre de 2018, esto es, fuera de tiempo. La concesión en vigor caduca en julio y, si este trámite no se lleva a cabo con anterioridad, la empresa estaría obligada a cerrar sus puertas.
El mencionado expediente fue incoado por el Ministerio de Medio Ambiente, a raíz de una sentencia que emitió el Tribunal Supremo en respuesta a una denuncia presentada por el colectivo ecologista Salvemos Pontevedra. "Tras la realización de las diligencias previas necesarias para identificar todas las posibles causas de caducidad de la concesión", el servicio periférico de Costas en Pontevedra incoó el expediente en cuestión el 27 de abril de 2017 el servicio. El plazo de resolución del mismo es de 18 meses, de ahí la incertidumbre de si la respuesta llegará a tiempo. Por lo de ahora, lo único que señalan las fuentes oficiales es que "resolverá en plazo según proceda y de conformidad con la normativa de Costas".
El plazo de presentación de alegaciones contra la revisión de la Autorización Ambiental Integrada finaliza este lunes
A su vez, la apertura del expediente motivó la suspensión de la tramitación de la prórroga que solicitó Elnosa el 3 de enero de este año. Y cabe recordar que esta moratoria es pieza clave para la continuidad de la factoría, ya que los propietarios de la clorera, del grupo luso CUF, ya han advertido de que no invertirán un euro en la planta si no tienen la garantía de que la actividad se pueda mantener más allá de 2018.
AUTORIZACIÓN. Otro de los frentes abiertos está en la Xunta. Este mismo lunes se acaba el plazo de presentación de alegaciones contra la renovación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) de la planta y ya está confirmado que los díscolos harán uso de los instrumentos reglamentarios para torpedear las aspiraciones de la empresa. Entre ellos, se encuentra el Concello capitalino que, entre otras cosas, reclama la Administración autonómica la realización de un procedimiento de evaluación ambiental.
Por otro lado, la compañía lidia contra la directiva europea que impide utilizar mercurio a partir del 11 de diciembre. De hecho, desde esa fecha está abocada a cesar la actividad o limitar la producción a hipoclorito de sodio mientras no implante la tecnología que demanda la Unión Europea. Para ello, también necesita de la aprobación de un proyecto sectorial de incidencia supramunicipal, dada la negativa de la Administración local a conceder licencia de obras para instalar nueva maquinaria.
