Este jueves se cumplen tres meses desde que entró en vigor el nuevo decreto de alojamientos turísticos aprobado por la Xunta de Galicia para regular las viviendas de uso vacacional existentes en la comunidad autónoma.Fue el pasado 10 de mayo cuando se empezó a aplicar la norma que, según señaló la Administración gallega, va encaminada a combatir la competencia desleal, mejorar la calidad del servicio y controlar la fiscalidad de estas actividades. Ese mismo día se abrió el plazo para inscribir en el Rexistro de Actividades Turísticas de la Xunta esta clase de viviendas residenciales privadas que se alquilan a terceros durante períodos continuados máximos de tres meses.
Desde entonces y hasta ahora, en la provincia de Pontevedra ya son más de 2.200 las que han realizado la solicitud, lo que lleva aparejada la presentación de una declaración responsable de inicio de actividad y el pago de 56,82 euros en concepto de tasa.
Así lo indicó Turismo de Galicia, que recordó que "este verán está a ser o primeiro do decreto de vivendas de uso turístico vixente" y valoró que, "desde a súa entrada en vigor, o ritmo de solicitudes no rexistro está a ser moi bo".
El departamento dirigido por Nava Castro añadió que las cifras alcanzadas hasta ahora "demostran que o decreto está a fortalecer a oferta desde tipo de aloxamentos, debido á maior seguridade xurídica que ofrece tanto aos particulares para poder exercer a competencia, como aos inquilinos".
Así, este decreto contempla una serie de requisitos que deben cumplir los alojamientos de estas características y que hasta hace tres meses no estaban regulados.
La inscripción implica el pago de una tasa de 56,82 euros y la presentación de una declaración responsable de inicio de actividad
Entre otras cuestiones, los propietarios o responsables del alojamiento están obligados a cubrir los libros de registro o partes de entrada de viajeros, a fin de cumplir las exigencias en materia de seguridad.
También deben facilitar la actividad inspectora y, además de un seguro de responsabilidad civil, estas viviendas deben tener hojas de reclamación y han de estar amuebladas y dotadas de los equipamientos necesarios, además de en perfectas condiciones higiénicas. Si se alquilan fuera de la temporada estival deben disponer de algún sistema de calefacción.
El responsable estará obligado a tener un teléfono con disponibilidad las 24 horas para que los inquilinos puedan llamar en caso de que lo requieran.
Urbanísticamente no se exigen requisitos especiales, es decir, se considerará suficiente con que la vivienda cumpla las condiciones establecidas para el uso privado según la legislación vigente en la época de construcción del inmueble y que este sea legal.
Eso sí, los propietarios estarán obligados a incluir los rendimientos obtenidos en su declaración del IRPF y deberán emitir facturas o recibos siempre que el cliente lo solicite. La actividad estará exenta del IVA salvo en los casos en los que también se presten servicios específicos como lavandería o comidas y la norma señala que estas viviendas deben ser alquiladas al completo y no por habitaciones.
A principios de este año, cuando se hizo público el texto del decreto, la Xunta explicó que con él pretendía regular la actividad de unos 10.000 alojamientos en Galicia, aunque la cifra era estimativa, pues no hay certeza sobre el número real. Con todo, un informe realizado por Frontur señaló que entre los años 2013 y 2014 el 30% de los viajeros internacionales que visitaron España se alojaron en establecimientos de esta clase, de ahí que la Administración optase por regularlas.
Fue también una reivindicación del sector hotelero para combatir la competencia desleal y la propia Nava Castro explicó que el texto se elaboró en colaboración con los profesionales del ámbito turístico.
VOCES CRÍTICAS. A pesar de ello, han surgido voces críticas, como la de Aviturga (Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia) y la de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). Estas entidades calificaron de "excesivos" algunos requisitos de la nueva normativa, como la prohibición de alquilar por habitaciones y el hecho de que los ayuntamientos puedan llegar a limitar el número de casas de este tipo en sus territorios en función de sus propias normas, entre otras cuestiones.
De hecho, Aviturga presentó a finales del mes de mayo una solicitud de suspensión de la nueva regulación, aunque el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia la desestimó en su totalidad, al entender que "non limita nin restrinxe a competencia, senón que pon en orde a oferta nun ámbito relevante". De este modo, el TSXG respaldó el decreto aprobado por la Xunta.
