Llevan 17 años luchando por recuperar once metros, una extensión de camino público que, a nivel numérico, parece pequeña, pero que significa mucho para los vecinos de Seixo, que no se resignan a que un propietario "nos quite o que é noso".
Un grupo de los que forman la Asociación Camiño de Aguete se reunieron este jueves en la Casa da Cultura de la parroquia con el abogado que actualmente los representa en la causa, José Luis Pena, para conocer las últimas novedades jurídicas y la situación en la que se encuentra su petición.
"El inmueble que ocupa parte del camino público se construyó en base a una ilegalidad, ya que carecía de licencia", según explica el abogado, que detalla que fueron varias las órdenes de derribo que se le impusieron por ello a la propietaria, "que nunca se levaron a cabo". En el año 2015, cuando el Concello aprobó el PXOM, quiso dotar de legalidad al edificio, tal y como cuentan los vecinos, pero los parámetros urbanísticos del plan municipal obligaban a la parcela a contar con once metros más de terreno para que pudiera edificarse en ella. "E eses once metros son os que lle quitaron ao camiño", defienden los vecinos, que achacan al Concello haber permitido esta ocupación de terreno público "polo favoritismo que teñen con esta persoa".
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra da tres meses más de plazo a la propietaria para que termine las obras
"Todo Seixo está escandalizado porque lle deran permiso", asegura Antón Pousada, uno de los habitantes del lugar, que explica que fue el propio Gobierno local, en el anterior mandato, el que encargó a una empresa topográfica que realizase una nueva medición, que contabilizó esos once metros a mayores y que fue la que se tuvo en cuenta para aprobar el PXOM.
Por otro lado, el TSXG dictó una sentencia en la que le daba a la propietaria de la edificación un plazo de un año para acometer una serie de obras que ajustasen el inmueble al proyecto que el PXOM había tratado de legalizar. Pasado el plazo, las obras estaban sin hacer, a pesar "da presión veciñal e da Administración local, cas visitas reiteradas da arquitecta municipal, que incluso comprobou que non só non se estaban facendo os traballos requiridos, senón que se fixeron outros que tivo que demoler".
NUEVO AUTO. Ante esta tesitura, el Juzgado de lo Contencioso -Administrativo de Pontevedra dictó un auto el pasado mes de octubre en el que da tres meses más de plazo para ejecutar los trabajos. En el caso de que las cosas sigan como hasta ahora, el Concello podrá poner multas a la propietaria hasta que se consiga la licencia de primera ocupación.
Los vecinos reiteran que "nós non imos contra a casa. As ilegalidades que haxa na parcela é unha cousa entre o Concello e a propietaria, pero o que non imos consentir é quedar sen parte do camiño que é de todos e que foi acondicionado polos veciños", afirma María Dolores. "Hai un favoritismo cara unha persoa que é unha infractora", añade Begoña, otra de las afectadas.
CONTRA EL CONCELLO. Aunque todos los grupos políticos votaron a finales de diciembre de 2015 a favor de crear una comisión de investigación para aclarar lo ocurrido en este asunto, a día de hoy los vecinos no saben nada de ella y exigen al Concello que la finalice y presente sus conclusiones.
El abogado cree que a partir de ahí, el Gobierno local podría iniciar un expediente de recuperación de vial público, para devolver al camino los once metros actualmente ocupados por la parcela privada.
Los vecinos consideran al Concello culpable de que las cosas llegasen hasta aquí desde la aprobación del PXOM, "porque foron eles os que aceptaron a nova medición, polo que incurriron nunha deixadez de funcións. Temos o raposo gardando o galiñeiro. O que debía defender o camiño público, que é o Concello, non o defende", termina Pousada.
