La Xunta intermediará entre la patronal del sector de productos elaborados del mar, Conxemar, y los sindicatos, para conseguir un convenio digno para las trabajadoras de las empresas gallegas, entre las que se encuentran Cabomar y GPS, sitas en el Puerto de Marín.
Así lo aprobó este miércoles el Parlamento gallego en sesión plenaria, con la votación de una propuesta no de ley presentada por Paula Quinteiro, de En Marea. Los 74 diputados que estaban presentes en el momento en el que se desarrolló la votación dieron su visto bueno a que la Administración autonómica tenga un papel activo en las negociaciones de este conflicto laboral, aunque siempre respetando la independencia de estos procesos, tal y como señaló en varias ocasiones durante el debate de la PNL la popular Teresa Mosquera Ejerique.
En estos momentos, la mesa de negociación del sector está totalmente congelada, después de varios intentos por llegar a un acuerdo. Ahora, con esta decisión plenaria, la Xunta se compromete a impulsar que se consiga "un convenio colectivo que mellore os salarios, a calidade do emprego, as condicións de traballo, que reduza a temporalidade e que supervise a subcontratación", según se recoge en el documento defendido por Quinteiro.
Sin embargo, este fue el único punto que salió adelante. Los otros cuatro de la moción, que incluían algunas enmiendas propuestas por el BNG y el PSOE, quedaron rechazados por no contar con suficientes votos favorables.
Durante el debate, en la cámara gallega estuvieron presentes los representantes de los sindicatos y algunas trabajadoras de GPS y de Cabomar. Esta última empresa se conviritó en el símbolo de la huelga por las cargas policiales que se produjeron la pasada semana y por los paros de tráfico y de producción que protagonizaron las huelguistas. Durante su intervención, Quinteiro calificó de "inadmisible" lo ocurrido a las puertas de Cabomar y señaló que "non cabe a equidistancia" con respecto a las demandas del sector, "que son moi básicas e sinxelas, porque estas mulleres están pedindo cobrar 1.000 euros. Non parece nada imposible".
Tanto la deputada de En Marea como las del resto de grupos de la oposición definieron este sector como "precario" y "moi feminizado". Montse Prado, del BNG, enfatizó que, además, se trata de empresas "ás que lles vai moi ben, grazas tamén ás enormes subvencións que lles dá a Xunta".
La inyección de dinero público en esta actividad económica también fue un punto de crítica por parte de los grupos. "Non queremos pagar entre todas a explotación das traballadoras", sentenció Quinteiro.
Por su parte, Patricia Otero, del PSOE, puso en duda la legalidad dede que el convenio esté prorrogado desde el 2015, amparándose en la ultractividad de los convenios sectoriales, ya que el Tribunal Supremo falló en su día que este mecanismo solo se podía aplicar por un máximo de un año, y ya van cuatro. "O 75% do sector a nivel estatal está en Galicia, así que é urxente que a Xunta medie e tamén que se fagan iniciativas para aumentar a capacitación e formación das súas traballadoras".
Ejerique, del PP, aseguró que su grupo está "tan sensibilizado como o resto" con este conflicto y apeló al diálogo para "revisar o convenio", aunque "mantendo a, nun sector que é clave" y acusó a la oposición de querer sacar "réditos políticos" con este asunto.
