El historial de Juan Carlos Sotelo Martínez en el mundo del narcotráfico tiene ya más de 30 años de antigüedad. El primer alijo con el que fue vinculado (y condenado) se incautó en 1991. Conocido por haber delatado, junto a su famoso suegro (Manuel Vázquez, El Piturro) al narcoletrado Pablo Vioque, fue indultado en 2006. Sin embargo, poco tiempo después volvería a las andadas, siendo detenido, juzgado y condenado por el transporte de 110 kilos de hachís incautados en Canarias. Así hasta 2018, cuando recibió por última vez la visita de la Policía. Fue en el marco de una investigación iniciada por el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Gijón cuando volvió al radar de las autoridades, que le atribuyeron la creación de una estructura estable que le permitía vender importantes cantidades de cocaína en la ciudad asturiana. Tres años después de aquello y tras negar los hechos que se le imputaban, la Audiencia de Oviedo le impone una nueva condena: cinco años y medio de prisión.
Las pesquisas se iniciaron cuando los agentes gijoneses detectaron la presencia de un grupo de personas que disponía de cocaína de primera calidad, como la que solo se puede encontrar en la comarca de O Salnés. Tirando del hilo, pronto comprobaron que los proveedores de las sustancias estaban en la provincia de Pontevedra.
En ese momento entraron en acción los Greco de Pontevedra, que, con el apoyo de la Udyco de A Coruña, descubrieron la identidad de la persona que estaba detrás del negocio, que no era otro que el yerno de El Piturro.
Para desarrollar su actividad, Sotelo contaba con la colaboración de un paisano suyo, J. M. N.A., empresario del sector marisquero y que viajaba de forma rutinaria a Asturias para vender su mercancía y cerrar los tratos.
La operación policial explotó cuando, en febrero de 2018, los agentes lograron los datos necesarios para interceptar la entrega de un kilo de cocaína que iba a partir de O Salnés hacia Gijón.
En la sentencia, el tribunal asturiano declara acreditado que los dos pontevedreses "llevaban a cabo de forma reiterada ilícitas ventas de cocaín"». Los jueces detallan que al menos tres de los condenados en la comunidad autónoma vecina solían viajar a Galicia en busca de las sustancias, que posteriormente vendían, entre otros puntos, en un kiosko de la capital cantábrica.
En cuanto a las penas, la suma de las impuestas a los diez encausados (ocho asturianos y los dos citados vilanoveses) alcanza los 36 años y medio de cárcel. La gran mayoría de ellos reconoció los hechos que se les atribuyeron, obteniendo así una rebaja por parte de la Fiscalía. No fue el caso de Juan Carlos Sotelo, que defendió que nada tenía que ver con los hechos. Por ello (y por su relevancia en lo ocurrido) recibió la mayor pena de los investigados: seis años y medio de cárcel.
