El Ayuntamiento de Sanxenxo entra en el último trimestre del año en una situación económicamente más holgada que en tiempos pretéritos. Una de las principales razones de este desahogo monetario tiene que ver con la puesta al día en lo que al pago de indemnizaciones relacionadas con sentencias urbanísticas se refiere. La Administración municipal despidió 2017 completando los 17 abonos fraccionados correspondientes a una de las multas más jugosas a las que se ha tenido que enfrentar el Concello en la última década: la devolución de 3,8 millones de euros a las promotoras del Suelo Urbanizable número 13, situado en Monte Faro (Noalla). El Consistorio tuvo que pagar 227.000 euros por trimestre para dar cumplimiento al fallo judicial, que también incluía los intereses pertinentes.
Con todo, Sanxenxo no va a poder sostener su contador a cero durante mucho más tiempo. El Gobierno local es consciente de que tendrá que rascarse el bolsillo para acometer la expropiación de la finca de As Cunchas, perteneciente a la familia Rocafort. Si bien en el Presupuesto municipal ya consta una partida específica para saldar la deuda, la cuantía dependerá de lo que determine el juez. Y es que aún no se sabe si el abono se quedará en los tres millones de euros de los que se habló en un principio. El Concello de Sanxenxo mantiene abierta la batalla judicial para tratar de evitar quese fije la última valoración efectuada por el Xurado de Expropiación de Galicia, que estima que también será preciso expropiar más de 1.000 metros cuadrados a mayores, que incluyen diferentes viales, lo que dispararía los costes por encima de los cuatro millones de euros.
Entre 2012 y 2017 la Administración municipal tuvo que hacer frente al abono de varias sentencias en firme
NUEVA RESOLUCIÓN. Ahora, el Ayuntamiento se encuentra con un nuevo problema. Una sentencia emitida por el Juzgado número 3 de lo Contencioso-Administrativo de Pontevedra obliga al Concello de Sanxenxo a pagar algo más de tres millones de euros, incluidos unos 400.000 en concepto de intereses, a la propia familia Rocafort, por inactividad y por falta de atención a un requerimiento de pago que data del año 2016. En todo caso, de momento el bipartito todavía tiene capacidad de maniobra, ya que se trata de una resolución que puede ser apelada. El plazo para la presentación del recurso pertinente es de dos semanas. Además, aún existiría la posibilidad de acudir a otros órganos judiciales, como es el caso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Entre 2012 y 2017, los pagos correspondientes a sentencias vinculadas a cuestiones urbanísticas fueron una constante. Durante la última etapa de Catalina González como alcaldesa de Sanxenxo se pagaron 800.000 euros a la empresa Ferro Messego, la firma que construyó tres chalés en las inmediaciones del cementerio de Dorrón. Estos inmuebles fueron declarados ilegales al incumplir la distancia necesaria con el camposanto. Las viviendas acabaron siendo demolidas en 2016.
El tripartito también tuvo que llevar a cabo una transacción de más de 100.000 euros a una empresa a la que se le anuló una licencia otorgada para realizar una construcción en A Revolta.
