El fiscal aporta las primeras pruebas que apuntan al Clan Santórum sobre el Karar

Las coordenadas del posible punto de encuentro para el trasvase de la cocaína y las conversaciones entre acusados, las claves
Parte de los acusados, durante el juicio. SALVADOR SAS
photo_camera Parte de los acusados, durante el juicio. SALVADOR SAS

La tercera sesión del juicio por el intento de introducción de 3.800 kilos de cocaína en el buque MV Karar en plena pandemia de la covid-19 a través de las costas gallegas, la última de cuestiones previas, estuvo centrada en las respuestas del fiscal jefe, Pablo Varela, a todas las defensas. En las mismas, además, ha rescatado algunas de las evidencias que, según sostienen, relacionan a los procesados con el alijo del buque, como las coordenadas marítimas, una tarjeta telefónica portuguesa empleada para controlar la singladura del barco o los teléfonos satelitales incautados.

Ha destacado así conversaciones entre los investigados en que hacían alusión a la "merca" y los "3.8", en referencia a los 3.800 kilos que llevaba el buque, o que las coordenadas que aparecieron anotadas en una nave registrada por los investigadores coincidían con las del puente del mando del MV Karar, elementos todos ellos ofrecidos en páginas de este periódico con anterioridad.

"¿A que eso no lo han dicho las defensas?", se preguntó el fiscal, que valoró la droga incautada en 127 millones de euros.

Algunos letrados habían puesto en duda la competencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra para juzgar este caso al entender que debería corresponderle a la Audiencia Nacional porque la carga del MV Karar, de acuerdo con el escrito de acusación, se hizo fuera de España con un tripulante nacional a bordo, un delito cometido por un español en el extranjero. Además, argumentaban que el delito tuvo efecto en varias provincias, ya que, entre otras cosas, uno de los procesados, colombiano, reside en Madrid y no había "pisado Galicia".

El fiscal, sin embargo, defendió que el núcleo de la actividad de la "organización criminal" se produjo en la provincia de Pontevedra y la jueza no encontró motivo para la no celebración del juicio.

El fiscal llegó a decir que las defensas plantearon en las cuestiones previas "fuegos artificiales", llegando a pedir otro aplazamiento por la baja médica del jefe de la investigación, cuyo relato podrá ser suplido por sus compañeros de la Policía con idéntica eficacia.

Así, a partir del lunes comenzará el interrogatorio de los acusados, aunque lo más probable es que, como en la mayor parte de los procesos por narcotráfico internacional, podrían acogerse a su derecho a no declarar, o bien responder solo a sus propios letrados, evitando así preguntas incómodas de la acusación. Los 28 procesados se enfrentan a penas que suman 409 años de prisión.