Transcurrido medio siglo desde que un tramo de la carretera PO-308, que discurre por Sanxenxo, fuese urbanizado y convertido en la Calle Progreso, este vial será reformado con una finalidad, potenciar su uso peatonal y mejorar las condiciones de seguridad. La Xunta de Galicia dio luz verde al proyecto, y esta iniciativa superó otro paso previo en su tramitación administrativa: contar con el respaldo de la Corporación municipal.
El debate sobre este tema se llevó a cabo el martes, en una sesión extraordinaria y urgente a la que asistieron todos los concelleiros sanxenxinos y en la que no fue posible la unanimidad porque uno de los 17 optó por abstenerse, mientras que los otros 16 la respaldaron. La excepción estuvo protagonizada por la edil no adscrita Vanessa Rodríguez.
Una vez superada esta exigencia legal, el siguiente paso consistirá en la firma del convenio de colaboración entre el alcalde, Telmo Martín, y la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez. Este acto está previsto para el viernes en Santiago, precisa el Gobierno local. El presupuesto asciende a 2.577.392 euros, de los cuales la Axencia Galega de Infraestruturas aportará el 70% (1.804.174), mientras que la Administración local asumirá la financiación del 30% restante (773.217).
El convenio también establece que el Concello se encargará de la redacción del proyecto y de la adjudicación y ejecución de las obras, que podrían comenzar en el último trimestre del año.
Las obras serán realizadas en un tramo de 1.280 metros, comprendidos entre el inicio de la calle Progreso y la rotonda de Arnelas y los objetivos que persiguen son compatibilizar mejor el tránsito de vehículos con los itinerarios peatonales y la actividad comercial, la reordenación de la calzada y de los aparcamientos y mejorar las aceras, que tras la ejecución del proyecto tendrán un ancho mínimo de 1,80 metros.
En el proyecto también figuran dos nuevas glorietas, en las intersecciones con las calles Madrid y Castelao, zonas ajardinadas y la renovación de las canalizaciones de servicios como agua, luz, telefonía, saneamiento y gas, además del mobiliario urbano.
La postura de Rodríguez ya se dejó entrever en el debate previo a la votación, cuando fue abordada la justificación de la urgencia del Pleno. La edil mantuvo que después de haber tenido que esperar durante varias décadas por la reforma, no tenía sentido apurar los pasos. El regidor le retiró la palabra al considerar que estaba abordando asuntos que nada tenían que ver con el que figuraba en el orden del día, después de recordarle que había dispuesto de tiempo necesario para consultar el proyecto.
