La Administración de Justicia, cuya lentitud ya era, en muchos casos, difícil de soportar para la ciudadanía, es una de las grandes perjudicadas (y a menudo olvidadas) de la actual crisis del coronavirus. Un colectivo que lleva años reclamando dotación de medios personales y humanos, así como creación de nuevos órganos especializados (tal y como ocurre en otros sectores de la sociedad) para dar respuesta a todas las novedades que han ido surgiendo con el paso del tiempo se halla ahora ante un nuevo reto: recuperar, en la medida de lo posible, el pulso a una normalidad que ya antes de la Covid-19 no era la más apropiada. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha anunciado su plan de choque para intentar paliar, en la medida de lo posible, el colapso, de facto, que se producirá en cuanto los ciudadanos puedan regresar a los juzgados, con un problema perfectamente identificado por Nilo Fernández, portavoz del sindicato SPJ-USO: "un plan de choque sin dotación presupuestaria non vale de nada".
Se establecerá la posibilidad del turno de tarde para mantener la distancia social y para fomentar la conciliación
El retorno a la actividad comenzó este martes con la puesta en práctica de las distintas instrucciones llevadas a cabo por las autoridades pertinentes. La primera de ellas es la incorporación de los jueces y magistrados, que, en su totalidad, según dictamen del Consejo, deberán estar plenamente operativos y de forma presencial en cuestión de unas semanas. Hasta el momento, los máximos responsables de cada órgano alternaban trabajo presencial con telemático, algo que podrán seguir haciendo durante algún tiempo.
En cuanto a los funcionarios de a pie, el martes comenzó la primera fase de la desescalada judicial en la que entre el 30 y el 40 por ciento del personal se incorporó de forma presencial a sus puestos de trabajo. Las jornadas, eso sí, son solo matutinas.
La implantación de los turnos tendrá lugar a partir de la semana que viene (la fecha aún no es definitiva), con el inicio de la fase dos de la vuelta a la actividad en la esfera judicial que regula la Xunta de Galicia. En ella se implementará la jornada de mañana y tarde, esta última voluntaria. Este sistema servirá para ir sacando trabajo adelante y para evitar la coincidencia de un gran número de funcionarios en espacios reducidos, pudiendo de ese modo mantener la distancia social entre ellos. Hay que tener en cuenta que son espacios cerrados y a menudo pequeños. También servirá para conciliar, pues los que así lo estimen podrán trabajar por la tarde, teniendo libres las mañanas. El 66 por ciento de los empleados deberán estar operativos de forma presencial a partir de ese momento.
El motivo de la desescalada es que el día 24 podrían reabrirse los plazos judiciales y la práctica de procesos no esenciales, para lo que es preciso más personal. Esa reapertura, sin embargo, dependerá del paso a la fase 2 a nivel autonómico y de las nuevas normas a nivel estatal.
El sindicato exige, además, que se incrementen las medidas de seguridad y los sistemas de protección de los que disponen los empleados públicos de Justicia en estos momentos. "Esiximos máis medios de protección para os órganos xudiciais e fiscais, e non solo normas escritas, así como unha mellor limpeza e desinfección, especialmente entre as quendas".
Sobre el plan de desescalada que se pretende implementar, SPJ-USO advierte del riesgo que entrañará la vuelta de la mayor parte del funcionariado a las distintas sedes a partir de las próximas semanas. "Penso que nos xulgados dos pobos, onde os espacios son moito máis pequenos, pode ser perigoso". Para ello, el portavoz sindical considera una medida acertada el sistema de turnos, que tendrá una vigencia de como mínimo tres meses más desde el momento en el que el Gobierno levante el estado de alarma. Por último, reclama la realización de test masivos como medida preventiva a todos los funcionarios.
