El adelanto de elecciones anula las fotos inaugurales previstas entre el 5 de marzo y el 26 de mayo

Los siete diputados y los cuatro senadores electos por la provincia cesarán el mismo día de la convocatoria, mientras que los cargos de la Administración Periférica seguirán en funciones hasta que tengan relevo

Obras en Benito Corbal, con el edificio de la Xunta al fondo. JOSÉ LUIZ OUBIÑA
photo_camera Obras en Benito Corbal, con el edificio de la Xunta al fondo. JOSÉ LUIZ OUBIÑA

El anuncio realizado el viernes por Pedro Sánchez ha desbaratado totalmente la estrategia electoral de sus rivales y muchas de las fotos programadas para las fechas previas a las elecciones municipales solo se podrán compartir por WhatsApp.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) es clara en su artículo 50, apartados 2: "Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".

En el apartado siguiente se subraya que "durante el mismo período queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo".

Conclusión: que el calendario minuciosamente organizado durante meses para hacer coincidir el remate de algunas obras con la antesala de las municipales (algo habitual en estos periodos) se ha venido al traste.

Porque teniendo en cuenta que la norma obliga a un plazo mínimo de 54 días para celebrar elecciones desde que son convocadas, y que Sánchez fijó la cita con las urnas para el 28 de abril, el anuncio oficial se realizará el 5 de marzo. A partir de esa fecha entra en vigor la prohibición de presumir de gestión.

UNA DECENA DE OBRAS. Esta restricción afectará a una decena actuaciones que se desarrollan en la ciudad, algunas de gran calado e inversión y que atañen a todas las administraciones. El Gobierno central se quedará sin inmortalizar la inauguración del primer tramo de la A-57, programado para el primer trimestre del año.

En el caso de la Xunta, sus responsables no podrán promocionar la puesta en marcha del remozado edificio de Benito Corbal, la gran joya de la corona en pleno centro, cuyo estreno está previsto para el primer cuatrimestre (finales de marzo o principios de abril). Algo similar ocurre con el nuevo edificio judicial de A Parda, que debería estar rematado durante el próximo mes.

La Deputación, por su parte, tendrá que quedarse sin la foto histórica cuando, a primeros mayo (fecha comprometida por el bipartito), se abra al tráfico la ansiada Ronda Urbana, un vial de 970 metros que unirá el nudo de O Marco con la nueva rotonda de acceso a la Cidade Infantil Príncipe Felipe.

En el caso del Concello, proyectos como los nuevos campos de hierba sintética, el gastroespacio del Mercado, locales sociales como el de O Burgo o incluso, posiblemente, la reforma del puente de A Barca se activarán sin la presencia de sus promotores políticos.

CESES. En cuanto a los cargos electos, los siete diputados del Congreso y los cuatro senadores por Pontevedra cesarán el mismo día 5. Sólo se mantendrá en funciones la popular Ana Pastor, presidenta de la Diputación Permanente.

En cuanto a los puestos de la Administración Periférica del Estado, tanto la subdelegada, Maica Larriba, como el presidente de Zona Franca, David Regades, continuarán de forma provisional hasta que sean nombrados sus posibles sustitutos. Lo mismo ocurre con los directores provinciales.

Meijón casi triplica a los tres populares
Guillermo Meijón, diputado del PSOE. RAFA FARIÑA

El socialista Guillermo Meijón ha sido el diputado pontevedrés más activo, merced a las 1.018 iniciativas presentadas, la mayoría durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta cifra casi triplica a todas las promovidas por los populares, (490) con el matiz de que Ana Pastor, por su cargo, ha tenido una actividad simbólica. Las dos diputadas de En Marea defendieron 715 iniciativas.

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