La asociación Juan XXIII lanzó este miércoles un SOS para su nueva residencia de Fonte Santa, que está en fase de construcción. La gerente de la entidad, Nuria Luque, asegura que la falta de ayudas públicas lastra la apertura de la que será la primera instalación de este tipo en Pontevedra dedicada a personas con discapacidad intelectual. "Estamos esperando a que la Xunta nos eche una mano. Estamos teniendo problemas con las subvenciones", señala.
Las obras promovidas por el colectivo cuentan con un presupuesto de más de tres millones de euros. Esta se está edificando sobre una parcela cedida por el Concello de Pontevedra a Juan XXIII, que tiene como objetivo abrir sus instalaciones con 36 plazas: 25 para usuarios que podrían dormir en el inmueble y once más de centro de día. El número de puestos podría ampliarse en el futuro.
La asociación atiende en la actualidad a 220 usuarios y tiene lista de espera. "Con esta residencia podríamos dar servicio a las personas que tienen que desplazarse a otros puntos de Galicia. Y no solo a ellas, sino también a sus familiares. A muchos les supone un problema tener que desplazarse a otras zonas para visitar a sus seres queridos. El desarraigo emocional de los residentes también es importante y no siempre se tiene en cuenta", comenta Luque.
ENCE. El proyecto de Juan XXIII ha contado, sin embargo, con ayudas de entidades privadas. Y así lo destaca la gerente de la entidad, que explica que las subvenciones del Plan Social de Ence han hecho llegar a la asociación 120.000 euros en sus dos últimas convocatorias.
Las instalaciones que el colectivo tiene ahora en Campolongo dan trabajo a 35 personas. Con la puesta en marcha del nuevo servicio, la plantilla se verá incrementada. "Harán falta más cuidadores, trabajadores sociales o psicólogos", explica.
El equipamiento socio-asistencial de Juan XXIII en Fonte Santa se levanta en un solar de 3.415 metros cuadrados. La modificación del proyecto obligó a la entidad a tramitar una modificación urbanística del PXOM a través del Concello. La Dirección Xeral de Calidade Ambiental de la Xunta resolvió este miércoles, a través del Diario Oficial de Galicia (DOG), que la actuación no precisa informe de impacto ambiental.
