Estrategias similares, posiciones encontradas y desenlace muy parecido. Esa es la conclusión de la repetición del juicio contra Ángel Martínez Pérez, Lito, el rey de las orquestas gallegas, que lleva varias jornadas compareciendo en la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra en la repetición del plenario por el presunto fraude que cometió cuando regentaba la gran mayoría de los grupos musicales de la verbena a nivel estatal. Las distintas sesiones sirvieron para confirmar lo que se esperaba. En primer lugar, la insistencia por parte de su defensa letrada en tratar de acreditar que el empresario no se halla en condiciones de prestar declaración, dada su acreditada patología neurológica. En segundo lugar, la posición defendida por la Fiscalía de Delitos Económicos dirigida por Augusto Santaló, que mantendrá su petición de 14 años de prisión para el magnate por varios delitos fiscales en relación con presuntos impagos a Hacienda. Paralelamente, exige el pago de una multa que supera los 21 millones de euros.
En concreto, el Ministerio Público sostiene que Martínez Pérez evadió sus obligaciones con el fisco durante los años 2011 y 2012 en lo referente a pagos de IRPF, impuesto de sociedades y de Iva. El juicio que concluirá este jueves es una repetición del que ya tuvo lugar en el mismo escenario años atrás. Fue el Tribunal Supremo el que ordenó dicha repetición, al considerar que no estuvo debidamente representada la empresa Representaciones Lito, habida cuenta de que el magnate no tenía el total de sus acciones. Por ello, en esta ocasión se sienta en el banquillo junto al rey de las orquestas Javier A. en calidad de representante de la firma.
La defensa presentó una pericial de parte que os peritos de parte que sostuvo ante el tribunal que las orquestas "no estaban organizadas como empresas" por lo que no tenían CIF ni estaban dados de alta fiscalmente, de forma que "no podían emitir ni recibir facturas". Por ese motivo, según dijo, eran las comisiones de fiestas, los ayuntamientos o la Xunta, a través de un régimen laboral especial, quienes los contrataban como trabajadores, por lo que sus actuaciones no estaban sujetas al Iva. El fiscal Santaló presentará hoy su informe definitivo, el que se espera una nueva petición de una severa condena.
