"No se puede usar la covid-19 como excusa de la nefasta política industrial de décadas"

Muy pesimista con el futuro económico que se avecina, Jorge Cebreiros apunta que ahora se están recogiendo los frutos de una política industrial deficitaria a todos los niveles, pero considera que aún se está a tiempo de corregir la curva descendente a base de confianza, estabilidad en las normas e inyecciones económicas
Jorge Cebreiros, presidente de la CEP. ADP
photo_camera Jorge Cebreiros, presidente de la CEP. ADP

No quiere ser agorero, pero el actual escenario económico y el que se avecina a corto plazo no invita al optimismo. Pese a todo, Jorge Cebreiros (Vigo, 1956) cree que aún es posible reconducir la caída en picado de muchas empresas, si bien los efectos fatales de la covid-19 serán inevitables.

¿Cómo observa la CEP el panorama que vivimos hoy en día?
Con mucha preocupación. No es algo nuevo, porque desde el principio de la crisis venimos criticando que muchas medidas fueron improvisadas y no han obedecido a una estrategia clara. Pero esto ha sido previo a la COVID: apostar por la política industrial, valorar el turismo... son cuestiones que se deberían haber tocado mucho antes. Ahora se le puede achacar a la pandemia un montón de cosas, pero la falta de reflexión, de diálogo, de consenso y de coordinación entre administraciones viene de años atrás. Lo que ocurre ahora es que en una situación de crisis insólita tienes que tomar medidas que no has tomado en cuatro años y utilizar instrumentos antiguos, pero no estamos preparados.

¿Cree que el empresariado es el gran damnificado?
Es que todo esto no lo han creado los empresarios, por mucho que algún miembro del Gobierno nos vea como demonios que solo queremos despedir aprovechando todo esto. Ahora es cuando la flexibilidad laboral debería ser máxima, pero no para despedir, sino para todo lo contrario: recuperar los puestos de trabajo de quienes estaban en nuestras empresas.

En los últimos días se han producido dos grandes mazazos económicos: la marcha de Nissan y el cierre de Alcoa. ¿Pueden tener efecto dominó en otras empresas?
No lo tengo claro. En Galicia tenemos unos 35.000 ERTE que afectan a unas 210.000 personas, lo que da una media de 5-6 personas por empresa. No estamos hablando de grandes expedientes de regulación de empleo de 3.000 personas por empresa, que son durísimos, por supuesto, pero sí hablamos de que unas 300.000 empresas de España ya no volverán a abrir sus puertas.

¿Qué parte de culpa tiene la pandemia en estas decisiones?
Nissan y Alcoa no se van por la covid-19, sino porque no tenemos política industrial desde hace muchos años. El virus puede ser una excusa necesaria pero no es suficiente, porque no se le puede culpar de la nefasta política industrial de hace décadas, ni del nulo apoyo a las electrointensivas, ni de querer cerrar Ence... Es que parece que se ha olvidado que hace nada estaban cargando contra la industria papelera, o sea, contra 40.000 puestos de trabajo (entre directos e indirectos) en el sector forestal gallego.

¿La marcha de Nissan puede salpicar a PSA Citroën? ¿Suenan tambores de guerra? No, para nada. Hace poco los grandes grupos franceses han hecho públicos sus planes de futuro y tanto Renault como PSA han dicho que no tocan a España. Es más, en el caso de la planta de Vigo, hablamos de su fábrica más competitiva en Europa.

¿Qué medidas sugiere para que la caída en picado de la economía empiece a remontar?
Hay tres factores que van a condicionar los próximos seis meses, por lo menos. Por una parte, todos los gobiernos deberían transmitir confianza en nuestras empresas, nuestros consumos y nuestras calles. También se debería tener seguridad jurídica con todo lo que está pasando. No puede ser que se haga un decreto un domingo y se tarden 15 días en ser interpretados con notas informativas. Las mismas fases no se aplican igual en todo el territorio nacional. Ahora mismo hay una indefinición absoluta y eso provoca inseguridad. Y es lo peor que puede ocurrir para retomar la actividad económica. Y en tercer lugar, algo muy importante: dotar de solvencia económica a las empresas. Hay que inyectarles dinero para que tengan liquidez y esa es la base de la confianza, ante consumidores y también ante sus proveedores.

El turismo representa casi el 15% del PIB nacional y está ante uno de sus momentos más críticos. ¿Cómo ve esta situación?
También con preocupación, porque a las dudas de cómo se van a comportar los ciudadanos cuando se vuelva a la ‘normalidad’ se le suman los graves ejemplos que estamos viendo en España. Vemos que frente a una sociedad que asumió con responsabilidad el confinamiento hay una minoría que no está actuando con esa responsabilidad en este momento de la desescalada. Que un hostelero tenga que cerrar una terraza porque la gente no le hace caso, es terrible.

¿La fase 3 será la salvación?
El mes de junio está perdido y los meses de julio y agosto, que son los más fuertes, habrá unas medidas de reubicación de espacios, limitación de aforos y miedo que va a repercutir muy negativamente. Por eso defendemos que el sector turismo debe seguir con los ERTE más allá del 30 de junio, porque aunque abra, sus ingresos serán del 30%, con suerte.

Ingreso Mínimo Vital
"Se debe regular muy bien para evitar que la gente se acomode y deje de buscar empleo" 
¿Cree que el anunciado Ingreso Mínimo Vital será un alivio para la economía o solo un parche?
Si resulta que la economía tiene que ser revitalizada por una ayuda social, estamos perdidos. Hablamos de un mínimo de 10 puntos del PIB, de un impacto mínimo en España de no menos de 120.000 millones de euros. Si resulta que vamos a confiar en que los 3.000 millones del Ingreso Mínimo Vital es lo que va a dar un poco de dinamismo, como dice el Gobierno, estamos equivocados. Es injusto que en este país, con un estado de bienestar fantástico y entre los mejores del mundo, haya un millón de familias que no lleguen a un ingreso mínimo para poder pagar su alquiler, la luz o la comida para sus hijos. Eso no lo podemos consentir y el esfuerzo colectivo lo tenemos que hacer entre todos. Pero corremos el riesgo de que esas rentas mínimas desincentiven la búsqueda de empleo. Eso se debe regular muy bien para evitar fraudes. Si alguien está en una situación de riesgo, es lógico que la sociedad le ayude, pero a cambio de que se forme, se capacite y busque intensamente trabajo. Debe ser una solución global, no una ayuda solo para llegar a final de mes. Los paros y las ayudas han hecho aflorar la economía sumergida y que la gente se acomode, porque va a cobrar casi lo mismo trabajando que quedándose en casa

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