La Audiencia Provincial de Pontevedra acoge este martes la continuación del juicio contra tres acusados, dos de ellos guardias civiles, como presuntos autores de los delitos de integración en grupo criminal, delito continuado de revelación de secretos y delito contra la intimidad, por haber accedido a información sensible de investigaciones en curso o información personal sobre miembros de este cuerpo de seguridad, que luego hacían llegar a las personas implicadas en dichas investigaciones.
En la primera jornada del juicio, celebrada el pasado 23 de enero en la Sección Cuarta, los dos agentes de la Benemérita rechazaron las acusaciones y negaron su implicación en los hechos que se les atribuyen. Asimismo, el tercer acusado negó los hechos e insinuó que había sido víctima de "persecución policial".
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el acusado Javier L.S., que trabajaba en la unidad contra el crimen organizado ECO-Galicia de la Guardia Civil, entre febrero y julio de 2013, se apoderó de documentos y fotografías de varias investigaciones, fundamentalmente operativos contra el narcotráfico, que después transmitía al segundo acusado, Diego F.C., (guardia civil en el equipo de drogas de la unidad orgánica de Policía Judicial) y que éste, a su vez, trasladaba al tercer procesado, Juan Carlos S.N.
Este tercer acusado, por su parte, hacía llegar esa información a las personas que estaban siendo investigadas por la Guardia Civil, de manera que éstas sabían que estaban siendo vigiladas, tomaban precauciones, modificaban sus hábitos y adoptaban otras medidas encaminadas a eludir la acción policial. Del mismo modo, D.F.C., también se apoderó de información aprovechándose de su destino profesional, acerca de investigaciones en curso, coches policiales camuflados que se utilizaban en los seguimientos de sospechosos, y otro material sensible. Todo ello lo filtraba posteriormente a J.C.S.N.
Como consecuencia de estas actuaciones, la Guardia Civil vio desbaratados varios operativos e investigaciones, y algunas actuaciones llegaron a archivarse judicialmente por no poder llevarse a cabo detenciones. Además de filtrar la información que manejaban debido a su desempeño, los exguardias civiles acusados también difundieron información a la que no tenían autorizado el acceso, fotografiando directamente pantallazos de ordenador de otros compañeros.
DELITO CONTRA LA INTIMIDAD. Al margen de esa información policial, los acusados también accedieron supuestamente a archivos que recogían información personal de los miembros de las unidades policiales (nombres, apellidos, DNI, contacto de familiares, números de las tarjetas profesionales, etc.). Asimismo, accedieron a datos reservados de confidentes de la Guardia Civil, una información sensible a la que únicamente podían acceder ciertos mandos de la Comandancia, poniendo en grave riesgo la integridad de esas personas.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita que Javier y Diego sean condenados, cada uno, a 11 años de prisión, el pago de una multa de 5.400 euros, suspensión de empleo público por tres años, e inhabilitación absoluta por 12 años, por los delitos de integración en grupo criminal, delito continuado de revelación de secretos en concurso medial con un delito continuado de encubrimiento, y delito continuado contra la intimidad cometido por funcionario público en el seno de un grupo criminal.
Para J.C.S.N. reclama penas que suman siete años de cárcel por el delito de integración en grupo criminal, y por un delito continuado de revelación de secretos cometido por un particular.
