Los deberes del Pacto de Estado con los menores huérfanos del machismo

Profesionales y afectados piden más sesiones de atención psicológica, medidas de protección del asesino y acompañamiento para trámites burocráticos tras un crimen
reportaje sobre violencia de genero, maltrato etc
photo_camera Los menores son considerados víctimas desde 2013. J. CERVERA-MERCADILLO

MIEDO, DUDAS, rabia y desolación. Son solo algunas de las emociones que deja tras de sí una tragedia como la provocada por el asesino de Valga. Lo explica la psicóloga Olegaria Mosquera, del Grupo de Emerxencias e Catástrofes del Colexio de Psicólogos de Galicia y lo corrobora quien vivió una situación semejante a la suya, Joshua Alonso, hijo de Sesé Mateo, la mujer asesinada por su expareja en Chapela en 2017, y tutor del menor que se quedó huérfano tras el crimen. Alonso confiesa no poder llegar a imaginar el trauma al que se tendrán que enfrentar los dos niños que presenciaron el crimen, pero sí esboza una lista de dificultades y piedras que se encontrarán en el camino después de lo vivido, cuando las cámaras se vayan y el foco mediático se pose en otro caso. Lo sabe porque lo vive, al igual que los otros 21 huérfanos menores de 30 años resultado de un crimen machista que se han registrado en Galicia en los últimos siete años.

"Lo más importante es proteger a los niños del padre, garantizar que, pasado el tiempo, este no pueda molestar a los hijos", explica Alonso, que asegura que en su caso incluso siente alivio por el hecho de que el asesino de su madre se hubiese suicidado. "Hay que proteger a la familia y al niño con órdenes de alejamiento para que no exista miedo a encontrarse con el agresor una vez este cumple la condena", cuenta Alonso. Las medidas de protección a la familia de la víctima ya se contemplan en muchas sentencias, "cada vez más", cuenta la abogada del CIM de Ponte Caldelas, Paula Casal, que asegura que es una medida que se puede solicitar por las partes para que el juez valore si la incluye en la condena. La abogada y concejala de Igualdade en Pontevedra, Paloma Castro, asegura que este no es un punto que esté regulado, sino que es el propio juez el que decide si impone este tipo de medidas. "De todas formas, las órdenes de protección tienen un tope, no son definitivas, se va actuando con el paso del tiempo y es necesario justificarlas; no es tan fácil que te la den, yo conozco casos graves de agresiones a mujeres a las que se les da protección pero a sus hijos no", cuenta Castro.

En este sentido, la abogada señala que la protección a los menores en casos de violencia de género sigue siendo insuficiente y todavía hay mucho que hacer al respecto. "Hay que tener en cuenta que a los niños ni siquiera se les consideraba víctimas hasta 2013", indica.

APOYO PSICOLÓGICO. El acompañamiento de un psicólogo después de un caso extremo como el de Valga es fundamental. La Xunta, a través de un convenio con el Colexio de Psicoloxía de Galicia, ofrece tratamiento de este tipo a las familias que sufren una pérdida como la de Valga "ata o momento final do sepelio". Además, existe la posibilidad de recibir otras diez sesiones con profesionales de la psicología de forma gratuita para el afectado durante un periodo de entre seis y 15 meses. Pero, ¿y después? Los menores y otros familiares de la víctima son derivados a los equipos de psicólogos del Sergas. "A mí no me soluciona nada un psicólogo o un psiquiatra que me escucha diez minutos cada ocho meses", indica Joshua Alonso, que ha tenido que pagar un psicólogo privado para él y su hermano una vez que su caso dejó de salir en los medios de comunicación.

Tal y como explica la psicóloga Olegaria Mosquera, la atención psicológica es fundamental para que el trauma que les queda a menores como los de Valga no resurja en otros momentos de su vida, como en la adolescencia. "Necesitan información veraz y adecuada a su edad sobre lo sucedido, hay que aportarles seguridad sobre su futuro y reestablecer su normalidad pronto, dejando que expresen sus sentimientos de tristeza, ira, rabia o miedo", cuenta Mosquera. Pero, aunque la atención sea vital durante los primeros meses, es cierto que la imagen del asesinato de su madre, su tía y su abuela permanecerá indeleble para siempre y puede volver en momentos vulnerables, por eso "sería necesario aumentar la dotación de psicólogos infantiles en la Seguridad Social, porque las consultas se demoran demasiado y es una necesidad", apunta Mosquera.

AYUDAS ECONÓMICAS. Hacen falta más ayudas económicas, pero también es necesario saber orientar a los posibles solicitantes, tal y como explican las víctimas no tan indirectas de la violencia machista. "Yo me gasté mi dinero comprando ropa para mi hermano, que se había quedado sin nada al incendiarse la casa por la explosión que causó el asesino de mi madre, y luego supe que había una ayuda con la que podría haber sufragado esos gastos", explica Joshua Alonso.

En este sentido, el hijo de la víctima de Chapela reclama que se cree la figura de un gestor que facilite los trámites habituales tras la muerte de un familiar –en este caso el asesinato–. "Los familiares necesitan tiempo para vivir su duelo y la carga que suponen todas las gestiones para cobrar ayudas, herencias, indemnizaciones o una pensión por orfandad es demasiada después de un trauma como este", cuenta el joven.

Precisamente la Xunta firmó en enero de este año un convenio con diferentes profesionales de la gestión y el trabajo social para el apoyo y acompañamiento de los familiares que asumen la tutela de estos menores durante la realización de dichos trámites.

Aún así, expertas y víctimas apelan a la necesidad de ir a la raíz del problema. "Hay que hablar menos de los sucesos aislados y preocuparse también por el futuro, pensar en cómo vamos a erradicar esta lacra y en cómo vamos a educar a los niños y niñas para que esto no vuelva a ocurrir, porque las indemnizaciones son importantes, pero no me devuelven a mi madre", cuenta Joshua. Él mismo predica con el ejemplo. Recientemente ha editado un libro con los poemas de Sesé Mateo que busca romper con el machismo y crear conciencia. La próxima presentación de la obra será el 26 de septiembre en el Museo Marco de Vigo.

Los huérfanos reciben desde marzo una indemnización de 7.000 euros
Mientras algunas de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la violencia de género permanecen en el cajón, otras comienzan a hacerse efectivas. Los menores de Valga, por ejemplo, cobrarán una indemnización de la Xunta de Galicia por valor de 7.000 euros cada uno. Esta es una medida vigente desde marzo de este año.

Por otra parte, la Xunta asume también una aportación de hasta 6.000 euros en el caso de que la sentencia decrete una indemnización por parte del agresor y este se declare insolvente. Los gastos derivados del sepelio de la madre también son cubiertos por la Xunta. Sin embargo, en el caso de Valga, no estarían cubiertos los funerales de la tía y la abuela de los menores al no ser consideradas víctimas de violencia de género, un aspecto pendiente de desarrollar tras la firma del Pacto de Estado.

Además, otro de los avances recientes es que todos los huérfanos de violencia de género reciben una pensión de orfandad independientemente del tiempo que haya cotizado su madre.

 

42 asesinadas y 32 huérfanos en lo que va de año
Poner el foco de la violencia machista también en los niños es un asunto pendiente, aunque en los últimos años se vienen subsanando los errores de la Justicia a la hora de proteger a una de las partes más vulnerables, los niños.

Las 42 mujeres asesinadas en lo que va de año dejan huérfanos a 32 menores. Además, a nivel gallego, en los últimos siete años se han quedado huérfanos 22 menores de 30 años a causa de la violencia de género.

Asesinatos a menores
Mención aparte merecen los crímenes en los que el maltratador asesina a los hijos en común. Así, 30 niños han sido asesinados en España por sus padres como una forma de venganza hacia sus madres desde 2013 , fecha en la que se recogen como víctimas de violencia de género en la estadística oficial. En el último año han sido tres los menores asesinados.

Además, las madres de ocho de esos niños víctimas mortales de violencia machista habían denunciado al agresor previamente por violencia de género.

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