El mayor grupo químico de Portugal, Bondalti, que factura por encima de los 700 millones de euros al año y que es propietario de Elnosa, acaba de cerrar en estos días su proyecto de futuro para España, que incluye el desmantelamiento de su planta en Lourizán y la recolocación de la totalidad de su plantilla.
Bondalti, antigua Compañía Uniäo Fabril (CUF), integrada en el Grupo José de Mello, uno de las tres sociedades corporativas más grandes de Portugal, ha cerrado un acuerdo con Ence para la contratación de varios de sus 28 operarios actuales en Pontevedra. El resto, a excepción de quienes han solicitado su prejubilación, pasarán a formar parte de la plantilla de la nueva fábrica de cloro de Torrelavega, donde la firma desarrolla una inversión de 55 millones de euros hasta finales de 2019 para convertir el antiguo complejo químico de la belga Solvay, adquirido por el gigante luso el pasado mes de abril, en la mayor fábrica de cloro de España.
Elnosa, que el pasado año rondó los 30 millones de euros de facturación, mantendrá abierta una oficina comercial en Galicia, integrada inicialmente por dos de sus actuales trabajadores, para la atención de sus grandes clientes. Las nuevas dependencias, no obstante, estarán fuera de Pontevedra, aunque dentro de la provincia.
La firma prevé hasta 150 trabajadores directos e indirectos en Cantabria, donde invertirá 55 millones de euros
Desde hace años, Elnosa suministra el 100% del cloro e hipoclorito utilizado en las estaciones de tratamiento de aguas potables (ETAP) municipales de toda Galicia. A partir de ahora, el abastecimiento de estas depuradoras no será local y llegará desde el nuevo complejo clorero de Torrelavega, donde inicialmente está prevista una producción de 68.000 toneladas al año.
Fuentes próximas a Bondalti confirmaron a Diario de Pontevedra que el proyecto de Torrelavega, que inicialmente trató de desarrollarse en Pontevedra, incluirá hasta 150 trabajadores directos e indirectos.
Las mismas fuentes no aclararon si dentro de su proyecto de desmantelamiento para las instalaciones en Lourizán se incluye algún tipo de compromiso para el tratamiento y recuperación de la ría en la zona afectada por la planta. Elnosa dejó de producir cloro con tecnología de mercurio en Pontevedra a finales de 2017, finalizada la moratoria de la Unión Europea para mejorar la instalación y adaptarla a la generación de cloro sin la utilización de mercurio.
La firma despidió entonces a la mitad de su plantilla, que pasó de 64 a 28 operarios. Hasta ese momento, fracasaron todas las negociaciones abiertas con las administraciones para la renovación de sus concesiones en el litoral y la obtención de las licencias necesarias para la modernización de la planta en Lourizán.
Elnosa fue creada por el grupo Ence en 1966 y comenzó su producción en 1968. La sociedad portuguesa José de Mello entró en su capital en 2001, a través de su filial química Quimigal, adquiriendo el 50% de la sociedad. Dos años después, se hizo con el 100% de Elnosa.
A lo largo de su desarrollo en Pontevedra, la clorera tuvo que sortear distintas situaciones límite, que forzaron significativos cambios en su producción. La primera fue a principios de la década de los 90, cuando desde la Xunta se cuestionó abiertamente la seguridad de la fábrica. El grupo CUF llegó a paralizar la actividad en Lourizán durante algún tiempo para corregir varias deficiencias denunciadas.
Años después, a finales de 1997, la planta libró con éxito otra batalla judicial por el presunto incumplimiento de una ley gallega sobre la calidad del agua.
Más tarde, los plazos para la renovación de su autorización ambiental en Lourizán, que teóricamente caducaba a finales de 2014, también fueron objeto de otra fuerte controversia, de la que la firma salió airosa hasta el último momento.
Al final, el endurecimiento de la normativa europea para la producción de cloro con mercurio y las dificultades de Elnosa para acometer obras de mejora en su fábrica de Pontevedra, donde el Concello siempre bloqueó las licencias de obra y pidió abiertamente el cese de su actividad, fueron la puntilla definitiva de la clorera lusa, que a principios de 2018 negoció la adquisición en Cantabria del complejo de la belga Solvay, como alternativa real a su continuidad en la ría de Pontevedra.
