Reubicar Ence no será una tarea fácil. Quién tiene que localizar las alternativas, cómo se va a financiar la operación y cuál será la voluntad real de la empresa para acometer esta futura operación son incógnitas que no se despejaron en la mesa de diálogo abierta este miércoles por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Este jueves, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, enfrió las expectativas y aludió a la necesidad de "garantizar fondos europeos" y "mantener la empresa abierta" para que las posibles nuevas ubicaciones tengan un mínimo de viabilidad.
Para el mandatario gallego, el papel de la Xunta será "colaborador", pero siempre que el Gobierno central garantice la financiación precisa para la operación y la empresa manifieste su disposición a hacer viable un proyecto de traslado. Feijóo tiene claro que "Galicia necesita unha ou dúas pasteiras" abertas, pero exige "seguridade xurídica" para las empresas.
En la rueda de prensa posterior al Consello, el titular del Ejecutivo gallego fue claro: si hay fondos europeos disponibles y si la empresa está dispuesta a invertir, se puede buscar un emplazamiento alternativo. Pero en todo caso, advirtió, no será algo inmediato. Así, frente a la "postura tradicional do nacionalismo" con respecto a Ence, que es cerrar de forma inmediata, él defiende que no se puede cerrar, y menos en plena crisis, mientras Galicia no tenga otra pastera. "É o Goberno quen decide", señaló.
Señala que en Galicia "hai sitio para dúas pasteiras" y recuerda que la comunidad produce el 46% de toda la madera de España
"Entendemos que esta factoría non se pode pechar dentro de 15 días, nin dentro de 15 meses nin cando entre en vigor a Ley de Cambio Climático", dijo. "Non se pode pechar porque ten milleiros de postos de traballo directos e indirectos: 5.000 familias que venden madeira a Ence, decenas de camioneiros que entran e saen a diario da planta, a maior parte do tráfico do Porto de Marín e porque é a únca pasteira da comunidade, e Galicia ten capacidade para ter dúas pasteiras", recordó el presidente.
Núñez Feijóo insistió en que la Xunta ya asumió hace tiempo que la ubicación de la ría de Pontevedra "non é a mellor" y que la opción del traslado, que se puso sobre la mesa en la reunión de Madrid, "é unha posiblidade", pero siempre que se den una serie de condicionantes indispensables: que se encuentre un lugar y que haya fondos para ese traslado. "Por conseguinte, no contexto de fondos europeos, se hai algunha opción de destinar unha parte a ese traslado, e se adicionalmente a empresa ten capacidade de investimento propio para facelo, nós apuntariamonos sen dúbida a colaborar co resto de administracións", razonó Feijóo. Pero siempre "por esa orde", avisó. "Porque pechar Ence e pensar despois que facemos non. Primeiro mantemos Ence e simultaneamente pensamos que facemos", zanjó.
A preguntas de los medios, el presidente autonómico entiende que hai "unha oportunidade" en el ámbito de los fondos de transición energética y ecológica con una partida para industrias forsetales en lugares más adecuados. Pero «o que non ten sentido" es que se apruebe una Ley de Cambio Climático "que diga claramente que a concesión de Ence é ilegal". "Non podes desconectar unha fábrica antes de construir a seguinte", advirtió.
Además, Feijóo volvió de nuevo sobre la idea del potencial gallego en el sector. "Oxalá poidamos buscar un emprazamento dentro duns anos para Ence ou para calquera pasteira que se queira poñer en Galicia", apuntó. "Se mañá ven unha empresa finlandesa ou doutro lugar porque quere poñer unha celulosa e se busca a forma, nós facilitaremos ese investimento", porque la comunidad no solo tiene sitio para dos pasteras, sino que serían fundamentales. "É que necesitamos dúas", señaló Feijóo. "Temos o 46% da madeira de España e necesitamos seguir poñendo en valor os montes".
La mesa de diálogo abierta por la ministra Ribera no planteó fechas concretas para analizar los próximos pasos a seguir. En realidad, pidió tanto a la Xunta como a la propia Ence que busquen soluciones a un posible traslado de la pastera, ya que el Gobierno obligará a la empresa a abandonar la ría de Pontevedra como muy tarde en 2033 si la Audiencia Nacional anula la prórroga extraordinaria de 60 años aprobada en 2016.
