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El fiscal acusa a un médico de abusos sexuales tras las denuncias de tres pacientes

Exterior del Hospital Montecelo. ADP
Exterior del Hospital Montecelo. ADP
El facultativo, que formaba parte del Servicio de Rehabilitación del CHUP, se enfrenta a penas que suman trece años de cárcel por tres delitos presuntamente cometidos entre los años 2014 y 2015

Debería haberse juzgado hace un par de semanas, pero no llegará a la Audiencia hasta el mes de febrero. Un facultativo "médico especialista de área" del Servicio de Rehabilitación del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHUP), se enfrenta a una posible condena a 13 años de prisión, acusado de abusar sexualmente de al menos tres de sus pacientes durante los años 2014 y 2015.

Las denunciantes, tres mujeres que no se conocen entre sí, relatarán en la sesión plenaria la secuencia de hechos que tuvieron que vivir después de ser atendidas por el investigado, que, según el fiscal, les realizó diversos tocamientos, algunos de ellos muy graves, aprovechándose de la confianza entre paciente y médico.

El primero de los hechos que se le atribuyen, de extrema gravedad, supone una solicitud de pena de ocho años de prisión

LOS TRES EPISODIOS. El primer caso sucedió en septiembre de 2014 y la víctima llegó al médico derivada desde Traumatología, por presentar artrosis cervical y epicondilitis de codo. Sobre el episodio, el fiscal destaca que "después de preguntarle su estado civil, le examinó el codo y las cervicales y, seguidamente, movido por la intención de satisfacer sus deseos sexuales y aprovechando la facilidad que le ofrecía la relación médico-paciente, le indicó que se acostase en la camilla y le subió el vestido". A continuación se produjeron los abusos más graves que incluyeron agresiones en las partes íntimas de la mujer. Por este episodio concreto, el doctor se expone a ocho años de prisión, además del pago de una indemnización de 6.000 euros.

Al día siguiente ocurrió un suceso que la acusación relata de un modo muy similar, pero con otra persona como víctima, que, "derivada del servicio de Dermatología", presentaba sensación de cansancio en las piernas. El investigado "le indicó que se desnudase y, cuando se había sacado la ropa (...), le indicó que se tumbase en una camilla (...) y, en un momento dado, movido por el ánimo de satisfacer sus deseos sexuales", procedió a tocarle en sus partes más íntimas, "motivando que la mujer se sintiese incómoda y se levantase nerviosa de la camilla".

A la tercera de las denunciantes, el facultativo "le realizó un masaje en el pecho utilizando aceite"

La tercera denuncia procede de hechos presuntamente registrados en enero de 2015. La víctima acudió al médico con dolor en los trapecios. "El procesado le pidió que se quitase la camiseta y el sujetador y procedió a palparle los pechos. Aunque esto le causó extrañeza, pensó que sería una exploración adecuada a su dolencia". En febrero volvió a la consulta, y en esa ocasión el acusado "le practicó una punción en la mama y a continuación (...), le indicó que pasase a otra dependencia, le aplicó frío y le realizó un masaje en el pecho utilizando aceite", algo fuera de sus competencias, pues "no estaba indicado", según expresa la acusación.

Por estos dos episodios se expone a sendas penas de dos años y medio de prisión que, sumadas a la propuesta del fiscal por el primer episodio, alcanzarían los citados trece años de cárcel.

Está previsto que el juicio sea señalado en el primer trimestre del 2020, después de que no fuera posible la celebración de la vista oral antes de final de año, como inicialmente se pensaba.

Fuera del servicio. Exigen que sea inhabilitado
El acusado cuenta con la baza de las dilaciones indebidas, circunstancia atenuante que podría ser de aplicación en este caso (hechos ocurridos entre 2014 y 2015 no se juzgarán hasta 2020) para reducir las penas de cárcel. Lo tendrá más difícil, sin embargo, para rebajar las penas accesorias, si finalmente resultase condenado. El fiscal, además del pago de 12.000 € para las víctimas (6.000 para la primera y 3.000 para cada una de las dos restantes) y de cinco años de libertad vigilada, solicita que sea inhabilitado para ejercer de médico durante seis años.

Esa es una cuestión que preocupa mucho al procesado, pues la jurisprudencia señala que lo habitual en estos casos es que el organismo competente (en este caso, la Consellería de Sanidade), decida la expulsión del cuerpo de funcionarios del investigado en la fase de ejecución de sentencia.

El testimonio de las tres víctimas será la clave para la resolución del plenario, pues es un delito sin más testigos directos.

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