Fuentes próximas a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmaron que el asunto ya ha sido valorado por el Gobierno y, al menos de momento, la intención es firme. El entorno de Ribera cree que la ambigüedad en la redacción del artículo otorga al Ejecutivo de Sánchez la última palabra sobre estas empresas y consideran correcto que así sea. Líderes socialistas gallegos reiteraron estos días que la Ley no afectará a las prórrogas en vigor sino a las nuevas que se pretendan aprobar sobre la franja de dominio público marítimo terrestre.
La Xunta pidió por escrito que se modifique el borrador para "dejar clara" esa intención y adjuntó informes jurídicos que insisten en la "confusión" expresada por el Consejo de Estado. Pero la intención del Gobierno central es aprobar el texto tal y como está redactado.
DENUNCIA. Y mientras en Madrid la situación parece inamovible, en Pontevedra, las declaraciones del presidente de Ence señalando que esta Ley provocará un "cierre inmediato y ordenado" de la factoría de Lourizán, continúan suscitando controversia.
El portavoz del grupo municipal del PSOE, Tino Fernández, y el abogado Pedro Hermida Paredes cumplieron este lunes el anuncio realizado hace días y presentaron ante la Fiscalía pontevedresa una denuncia instando a investigar al Grupo Ence por supuestos delitos medioambientales, contra la salud de las persoas y por amenazas.
Según explicó el también teniente de alcalde de Pontevedra, los socialistas decidieron acudir a la Justicia ante la "gravedad" de las palabras del propio presidente de la empresa, Ignacio de Colmenares, en un vídeo interno en el que aludió a "riesgos" en la factoría de Lourizán. Tal y como reproduce el escrito presentado por el PSOE ante Fiscalía, De Colmenares dice, entre otras cuestiones, que "Pontevedra, con esa caldera de recuperación y esa caustificación inestable, podemos tener un susto mayúsculo medioambiental en cualquier momento, que puede afectar además a las personas" y "como no nos dejen horizonte suficiente para invertir lo que hay que invertir y que estamos dispuestos a invertir, pues por eso está puesto en el Plan Estratégico, pues nos veremos obligados a cerrar la fábrica, de forma ordenada, pero de forma rápida".
En su denuncia, el PSOE alude a la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, y afirma que "aún sabiendo el resultado y el daño que puede provocar este incumplimiento, la fábrica continúa en producción sin paliar o subsanar la situación y no se descarta el resultado que puede llegar a ocurrir, que se conoce y asume".
Según aclaró Tino Fernández, aunque la empresa afirme que esas palabras estaban descontextualizadas, "estaban moi contextualizadas" e Ignacio de Colmenares "dixo o que dixo sabendo o que dicía, porque é o presidente do grupo".
En la misma línea, el portavoz del PSOE lamentó que la fábrica "non está actuando con limpeza informativa nin neso nin en nada", sino que "leva embarullando o terreo de xogo dende hai moito tempo", puesto que "está mezclando a Lei de Transición Ecolóxica, que para nada inflúe na concesión de Ence" para continuar en la ría.
El portavoz del PSOE se declaró "preocupado" por los trabajadores y afirmó que lucha "para que Ence non peche, senón que se traslade", aunque, continuó, "parece que é a fábrica a que non ten demasiado interese para o traslado na comarca e si para máis lexos".
Reiteró que el PSOE quiere que Ence se marche de Lourizán pero que permanezca en la comarca y que los puestos de trabajo sean garantizados por la empresa, a quien le reclama sentarse "seriamente" con el personal para explicarles "a verdade da situación". Al mismo tiempo, aconsejó al comité de empresa que reclame responsabilidad a la dirección de la pastera.
"Nós estaremos onde temos que estar, que é na defensa dos intereses de Pontevedra e tamén preocupados polos postos de traballo dos traballadores de Ence", concluyó.
