"Pido salud y trabajo para todos". Ramón Jáudenes, decano del Colegio de Abogados de Pontevedra, tira de un tópico muy real para concluir su análisis en relación con las necesidades de la Administración de Justicia en Pontevedra. El secretario del Consejo General de la Abogacía Española hace hincapié en la necesidad de una auténtica inversión en la materia, similar a la que el Estado ejecutó en su momento en la Agencia Tributaria y en la Seguridad Social. Juan Carlos Aladro, fiscal jefe de la Audiencia Provincial, y Belén Rubido, decana de los jueces de Pontevedra, inciden en la importancia de la creación de nuevos órganos y espacios para la protección de las víctimas, algo que, según opinan ambos, debería quedar superado con la inauguración del nuevo edificio judicial de A Parda y la creación de una pequeña ciudad de la Justicia con la unificación de todos los servicios en la doble sede del Este de la capital provincial.
Entre las novedades que permitirá la nueva infraestructura se halla el impulso de una auténtica sala Gessell, un espacio que permite, entre otras cuestiones, la observación de las conductas de los menores que han sido víctimas de un delito sin que éstos sean perturbados.
El fiscal jefe pone el foco, además de en lo citado, en la necesidad de aumentar la especialización de cada uno de los integrantes del Ministerio Público pontevedrés, una tarea que lleva desarrollando desde su misma llegada al cargo, hace ya más de una década. Paralelamente, espera que el papel cero sea al fin una realidad, con el gran ahorro de tiempo y de dinero que ello supondrá para la Administración.
Abogados y jueces, por último, coinciden en la necesidad de recuperar cuanto antes el tiempo perdido durante la huelga de funcionarios que tuvo lugar en Galicia en la primavera de 2018 y que supuso un grave perjuicio para los letrados, por una parte, y para los justiciables, por otra.
