Una afirmación que, lejos de tranquilizar a la plantilla, le provoca todavía más incertidumbre e inseguridad, por encontrarse con discursos "ambiguos y contradictorios" según el mandatario que los pronuncie.
Máxime cuando el representante del Gobierno eludió este lunes aclarar si el Ministerio de Transición Ecológica está dispuesto a zanjar toda esta polémica modificando el texto legal, tal y como le instó en su día el Consejo de Estado.
Este precepto confirma la duración máxima de las concesiones a 75 años, incluyendo prórrogas -en el caso de la planta en Lourizán, hasta 2033-, tal y como ya establecían leyes anteriores, como la de Costas de 1988 y la del Patrimonio de las Administraciones Públicas de 2003. Sin embargo, añade que serán "nulos de pleno derecho" los actos administrativos que incumplan este plazo, por lo que el futuro de la planta podría depender de si esto se aplica o no retroactivamente.
Ence se aferra a ese rechazo a cambiar el texto para justificar un sentimiento de amenaza y no entiende cómo, si realmente la nueva Ley no va a atentar contra su permanencia en Lourizán, hay tanto recelo en Madrid a realizar una simple modificación en los tiempos verbales; un pequeño gesto léxico, pero de una indudable relevancia económica.
De hecho, este mismo lunes volvió a desdecir a los portavoces gubernativos al asegurar que, "en su actual redacción, el artículo 18.4 sí es retroactivo y, por tanto, es contrario a la seguridad jurídica".
Javier Losada, eso sí, aprovechó el encuentro con los trabajadores para intentar dar la vuelta a la tortilla y descargar la responsabilidad de este embrollo en la Xunta, primero, y en la propia empresa, después.
Al Gobierno autonómico le reclama que "deje de mirar para otro lado y se ponga a disposición de Ence para darle soluciones".
A los directivos de la firma, por su parte, les pide que clarifiquen sus pretensiones y pongan sobre la mesa "un plan industrial de futuro". En cuanto se produzca ese movimiento de ficha, el delegado aseguró que "el Gobierno está dispuesto a dialogar y a escuchar", siempre dejando claro que la prórroga concedida en 2016 por Mariano Rajoy está pendiente de una resolución judicial.
¿PLAN DE FUTURO? También incidió en la necesidad de que Ence aborde sus planes de manera pública y con la mente puesta en el mantenimiento de los empleos.
Toda una declaración de buenas intenciones que ha sido celebrada por la compañía, siempre dispuesta a una solución negociada al debate sobre su futuro, aunque echa en falta un compromiso formal de que se corregirá la Ley "para eliminar la retroactividad".
En cualquier caso, la Dirección de la pastera le recuerda a Losada que ese demandado plan industrial de futuro ya existe, es público y, de hecho, está en vigor. Fue presentado a finales de 2018 con el título Plan Estratégico 2019-2023 y contempla inversiones de hasta 100 millones de euros en sostenibilidad, flexibilidad y excelencia medioambiental de la planta.
A mayores, se incluyen otros 200 millones destinados a su eficiencia y expansión.
"En paralelo, la empresa ha invertido 132 millones de euros en esta instalación desde la concesión de la prórroga, en 2016, hasta 2019. De esa cantidad, cerca de 60 millones forman parte del citado Plan Estratégico", agrega.
En cuanto a la polémica suscitada por un vídeo interno del Ceo de la compañía, Ignacio de Colmenares, a los trabajadores ("recogido y publicado ilegalmente y que no debe ser descontextualizado"), en el que se refiere a las posibles consecuencias de no efectuar inversiones en la planta, Ence recalca que el complejo "es totalmente seguro" y recuerda que ha sido avalado con la norma internacional Iso 45.001, en la que se reafirma "su robusto sistema de gestión de seguridad". De hecho, agrega, "los índices de seguridad de Ence Pontevedra son, año a año, diez veces mejores que los de la industria en España".
La tercera pata de este culebrón la protagonizan los trabajadores, que aseguran estar hartos de tantos mensajes ambiguos y nada reveladores. "Se están a sembrar dudas continuamente e o único que pretendemos é vivir tranquilos, ter estabilidade para as nosas familias", apunta Toño Lafuente, presidente del comité de empresa de la fábrica.
INDEFENSOS. Él fue uno de los sindicalistas que se reunió este lunes con Javier Losada. "Trasladámoslle a indefensión na que nos deixan as decisións políticas e empresariais que se están a tomar ao non contar coa continuidade dos nosos postos de traballo", expresó.
La plantilla coincide con el delegado del Gobierno en que "a Xunta e a empresa están a mirar cara outro lado", pero le recordaron la cuota de responsabilidad del Ejecutivo central en esta situación. "Serán cómplices do que poida suceder co futuro dos nosos postos de traballo", alertó.
Javier Losada se comprometió ante los trabajadores a agilizar las entrevistas solicitadas con responsables de los ministerio de Industria y de Transición Ecológica. "Queremos que entre todas as partes con responsabilidade (Goberno, Xunta e empresa) e os traballadores busquemos o futuro e continuidade dos nosos postos de traballo", subrayó el presidente del comité de empresa.
