Más de mil euros. Es el importe que tienen que pagar cada mes quienes no consiguen plaza pública en un centro de día para personas con discapacidad en la ciudad. "Algo impensable en familias con padres mayores y personas con discapacidad adulta cuya pensión no llega a los 600 euros". Lo explica Paula Fernández Gándara, trabajadora social y coordinadora de centros de la asociación de personas con parálisis cerebral Amencer Aspace. Por este motivo, el centro, que cuenta con 42 plazas en Pontevedra, de las que solo 27 son públicas, apenas cuenta con usuarios que paguen una plaza privada porque no se lo pueden permitir.
El problema son las listas de espera. Aunque no haya mucha gente en ellas, una decena en la ciudad, según la Concellería de Política Social, pueden estar años esperando por una plaza. "En estos centros no hay mucha movilidad de usuarios, podemos tener una baja porque una persona se muda o por fallecimiento, pero es raro", explica Gándara. De este modo, mientras no queden plazas vacantes, muchas personas con discapacidad que acaban la etapa educativa se ven abocadas a quedarse en casa, ya que en la mayoría de los casos entrar en el mercado laboral sigue siendo una utopía para personas con diversidad funcional.
La educación obligatoria termina a los 16 años. Sin embargo, se puede prorrogar la estancia en el nivel educativo hasta los 21. Esa es la opción que eligen la mayoría de los usuarios. El problema llega al acabar esta etapa. Las plazas públicas en los centros de día están reguladas por la Xunta, que es el organismo que elabora las listas de solicitantes y asigna las plazas. Existe un baremo en función del grado de dependencia del solicitante, por lo que las personas más dependientes acceden a las plazas públicas en un período de tiempo más corto que usuarios con un grado de discapacidad menor.
Política Social explica que concede "axudas directas" para contribuir a pagar "o custo dunha praza no centro de día que elixan"
Los usuarios pasan a formar parte de la lista una vez tramitan su dependencia. En términos técnicos, la lista se denomina Programa de Asignación de Recursos (PAR) y, dentro de la cartera generalista de discapacidad, existen plazas específicas para personas con diferentes trastornos como el del espectro autista o la parálisis cerebral. El funcionamiento de la asignación de plazas es parecido al sistema para las personas de la tercera edad con dependencia.
"El principal problema es la continuidad de las terapias, hay personas que llevan desde los tres años en un centro y luego, con 21, se tienen que quedar en casa e interrumpir todo el trabajo que llevan haciendo desde niños, y lo mismo ocurre con los que han estado en un centro ordinario", explica. Nuria Luque, gerente de la Asociación Juan XXIII, también asegura que en su asociación han tenido que solicitar a la Xunta un permiso especial para que varios de los alumnos de su centro educativo pudiesen quedarse en el mismo hasta los 22 años. "Tomamos esa medida el curso pasado para evitar que tuvieran que irse a casa", explica Luque.
En su caso, Juan XXIII tiene dos centros de día y ocupacionales, en Pontevedra y en Cangas, con 108 y 53 plazas, respectivamente. De ellas solo tres en total son privadas. "Tenemos muy poquitas plazas privadas y están para casos de emergencia, como cuando alguien se queda sin una pública para que pueda tener una opción", cuenta Luque. En estos casos, existe la opción de inscribirse a media jornada, que es más barata", explica la gerente de Juan XXIII.
Política Social explica que concede "axudas directas" para contribuir a pagar "o custo dunha praza no centro de día que elixan, en tanto a persoa solicitante non obteña a praza pública que solicita", aunque no concreta cuáles. El importe de dichas ayudas depende del grado de discapacidad de la persona que la solicita.
