Mourente da un ultimátum a la Xunta por los terrenos del Hospital Montecelo. La Comunidade de Montes amenaza con ir a los tribunales si la Consellería de Sanidade no abre en el plazo máximo de un mes la mesa para negociar el canon por la ocupación de la parcela en la que se construyó el centro sanitario, que pertenece a los comuneros de dicha parroquia por sentencia firme del Tribunal Supremo.
Aquella resolución, dictada el 31 de julio de 2018, dio la razón a la entidad sobre la titularidad de los 39.306 metros cuadrados que en 1973 se ocuparon de forma ilegal para levantar la antigua Residencia, nombre con el que aún se conoce el citado centro sanitario.
Aquella resolución permitió a la Comunidade de Montes inscribir la parcela en el Registro de la Propiedad. Además, el Xurado de Montes de Pontevedra ha declarado este solar como monte vecinal. "Vai transcorrido máis de ano e medio dende que o Sergas ocupa estes terreos sen título lexítimo de propiedade ou dereito de ocupación", señala el presidente de los comuneros, Carlos Morgade, en el escrito enviado al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, y hecho público este viernes. La entidad parroquial recuerda que, desde el verano de 2018, se han solicitado varias peticiones de entrevista con el Gobierno gallego con un único objetivo: negociar la cesión de los terrenos para garantizar "o normal funcionamento do establecemento sanitario".
El colectivo vecinal asegura que, tras el fallo del Supremo, Sanidade solo los ha recibido en una ocasión. Y el encuentro, celebrado hace más de un año entre representantes de los comuneros y técnicos autonómicos, no aclaró las intenciones de la Xunta respecto a los terrenos que en su día se ocuparon de forma ilegal. "Esta actitude contradí a anterior postura do conselleiro, que tentou repetidamente este acordo de cesión coa Comunidade (de Montes) cando aínda a titularidade dos terreos estaba pendente de sentencia xudicial", apunta Morgade en la comunicación remitida a Vázquez Almuiña.
Una sentencia firme del Supremo reconoció en 2018 que el centro sanitario ocupa 39.306 metros cuadrados de terreno comunal
Los comuneros están dispuestos a llegar a un acuerdo para que se regularice la situación del Hospital Montecelo, cuyas obras de ampliación están previstas para este mismo año.
EXPROPIADOS. Los trabajos están pendientes de que se formalicen las expropiaciones, que afectan a cinco viviendas, cinco negocios y 15 parcelas ubicadas en las inmediaciones del complejo hospitalario.
Los propietarios de las casas tendrán de plazo hasta el próximo 28 de agosto para desalojar sus propiedades. El Gobierno gallego ha pagado ya las indemnizaciones por la ocupación de estos bienes. Y lo ha hecho después de revisar al alza el importe de la compensación económica para los vecinos afectados.
En total, el Ejecutivo autonómico abonó 3.650.014,45 euros durante el levantamiento de actas previas, lo que supone 1.056.527,42 euros más de lo previsto en la tasación inicial. A pesar del aumento de las cuantías, los vecinos han decidido acudir al justiprecio. Consideran que el dinero que se les va a pagar por las expropiaciones es insuficiente.
CARACTERÍSTICAS. Una vez culminada la fase de expropiaciones, la Xunta tendrá vía libre para la licitación de las obras, que contarán con un presupuesto de 140 millones de euros, si bien la primera fase de la actuación ascenderá a 115 millones de euros. De ellos, el Concello de Pontevedra aportará cuatro millones a través del convenio firmado con el Sergas.
La previsión del Gobierno autonómico es que las obras para el denominado Gran Montecelo empiecen a mediados de este año, lo que situaría la puesta en marcha del mismo en 2024. La ampliación del centro sanitario aumentará la superficie de atención hospitalaria. El número de camas también crecerá, al pasar de las 600 que en la actualidad se reparten entre el Provincial y Montecelo a las 720 de la nueva instalación. Más de la mitad de estas estancias serán individuales. El área de Urxencias, una de las más deficitarias en la actualidad, sufrirá una profunda transformación, al pasar de 61 a 117 puestos.
El proyecto también incluye un parking subterráneo con capacidad para mil vehículos, aunque todavía no se ha decidido si su gestión será pública o privada. Este último es uno de los asuntos más polémicos del hospital único, una obra reclamada en Pontevedra desde finales de los años 90.
El colectivo ha mantenido ya dos reuniones con representantes de la institución provincial con el fin de negociar una fórmula para la cesión de la parcela. En caso de que no se llegue a un acuerdo, Mourente acudirá a los tribunales.
